Empecemos por recordar algunos
privilegios militares: tienen su propio sistema de salud, su propia
justicia, educación y un lugar exclusivo, algunos de ellos, en el
cementerio. Pueden ir armados, se distinguen por su indumentaria y
raramente trabajan. Pero esto, con ser mucho, no es nada comparado con
sus prerrogativas jubilatorias. El lector, luego de trabajar 30 años
como un cochino, recibirá la mitad del sueldo, o menos, a modo de
jubilación. Guay si vuelve a trabajar, pues todo lo "ahorrado" volverá a
la Matrix. El militar no necesita sudar 30 años; le alcanza con 20 y
todavía menos, pues el tiempo que estudia en una escuela militar se
añade a la antigüedad. Como estudiante cobra sueldo y acumula años.
No recibirá de jubilación un cacho del sueldo que cobraba, lo recibirá
íntegro y más aún, si hubiese desempeñado tareas docentes lo
incrementará. Pero aquí no acaba la cosa: podrá seguir trabajando y eso
no será óbice para recibir su jubilación. ¿De qué trabajará?
Posiblemente en aquellas empresas que inevitablemente precisan de
contactos con la Armada, la Fuerza Aérea o el Ejército. Por ejemplo, los
de Air Class integraron la Fuerza Aérea y de la Fuera Aérea
conseguirían, hablando de forma hipotética, cierta tolerancia en las
inspecciones y de la Armada acaso conseguirían, hipotéticamente,
obstaculizar cualquier búsqueda si un avión cayera al agua.
Ahora, uno supone que si un funcionario
público incurre en corrupción pierde sus derechos. Si su función era
manejar dineros públicos y se los mete en el bolsillo, lo normal es que
vaya preso y que devuelva lo afanado a modo de devolución de lo
"ahorrado", pues no se le puede pagar una jubilación por haber robado.
No existen jubilaciones para chorros. Por lo que vemos en el caso
Gilberto Vázquez, que se mantenía en secreto, uno, si es militar,
mantiene íntegros sus derechos jubilatorios inclusive cuando ha violado
ostensiblemente el sentido de la función para la cual se le pagaba, esto
es, protegernos. Que se ha violado abiertamente ese sentido no lo duda
nadie, pues en vez de proteger ciudadanos, la Institución FFAA los ha
secuestrando, torturado, violado, castrado o desaparecido. El
funcionario público civil si no cumple su tarea (cuando rara vez lo
agarran) paga el pato, ahora, al funcionario militar no hay quién le
toque sus haberes jubilatorios inclusive si rara vez paga el pato.
Aunque a Gilberto Vázquez se lo procesó por su responsabilidad en 20
homicidios, mantuvo íntegros sus privilegios. Sólo ante su fuga del
Hospital Militar, un Tribunal de Honor reacciona y lo sanciona
reduciéndole su haber jubilatorio a la tercera parte, pero, como mejor
manera de tomarnos el pelo, le entrega las otras dos terceras partes a
su esposa. Uno se pregunta si Gavazzo también recibe su jubilación, y el
Goyo Álvarez y el Pajarito Silvera (el mismo que le decía a Sara Méndez
cuando estaba presa: "algún día me voy a acordar donde dejé a Simón") y
si también la reciben aquellos valientes machos que introducían ratas
engrasadas en las vaginas de las sediciosas, y aquellos otros
pundonorosos militares que castraron a un pescador en Rocha, y Juan
Carlos Gómez, que según Huidobro es inocente de haber castrado a Roberto
Gomensoro. Uno se pregunta si existe una jubilación por torturar y
hacer bestialidades inimaginables.
Pero con ser estos privilegios un abuso
que inquieta al más elemental sentimiento ciudadano, no es, ni con
mucho, la clave del problema. La clave es la muy dudosa necesidad de
FFAA. Normalmente estas Fuerzas sirven para resguardar el espacio aéreo y
marítimo y para impedir que otro país, o extraterrestres, nos invadan.
¿El lector ha escuchado de muchos casos en que la Armada detenga barcos
extranjeros que vienen a robar pescado a nuestras costas y a la
desembocadura de ríos y arroyos donde desovan las corvinas? Sin embargo
debemos tener una policía costera que, cuando el radar lo indique,
aprese y confisque barcos y redes ladronas, y que lo haga, al menos,
diez o cien veces más de lo habitual. Lo mismo sucede con el espacio
aéreo. En cuanto al Ejército, no sirve para su fundamental tarea:
defendernos. Si cualquiera de nuestros plausibles enemigos: Argentina,
Brasil o Estados Unidos, nos invadiera, nos harían papilla. La única
opción, recontrasabido y demostrado históricamente hasta el hartazgo, es
dejarlos entrar y armar a la población para que hostilice al invasor
con guerrillas. Para esto no se necesita un ejército desproporcionado y
costoso. Se necesita un muy pequeño ejército en el que cada integrante
se coloque a la cabeza de un grupo de ciudadanos armados. Por eso el
ejército uruguayo desde el 2007 comenzó a estudiar curricularmente en el
Instituto Militar de Estudios Superiores la concepción y procedimientos de las Operaciones de Resistencia Nacional (ORN)
(1). Para llevar a cabo esta nueva concepción es imprescindible una
confianza absoluta de la población en sus FFAA. La clave de esta
estrategia militar no es de índole militar sino política, pues la guerra
no es otra cosa que una prolongación de la política. Al defender a
rajatabla a las actuales FFAA, Fernández Huidobro y su compinche Mujica
demuestran una ABSOLUTA IGNORANCIA EN ESTRATEGIA MILITAR, reincidiendo
en su absoluta y radical ignorancia a inicios de la década del 70. Si
fuera esperable la tal invasión pronosticada por Huidobro en la reciente
entrevista de VOCES (2), nuestra única posibilidad de victoria sería
con un ejército compenetrado con la población y respetado por la
población, cosa que ahora no ocurre por motivos obvios. Esta reducción y
transformación de las FF.AA exigiría, además, eliminar una prohibición
que se pretende como una defensa a la democracia cuando en realidad
muestra un carácter perverso de nuestra democracia, la cual es prohibir a
los militares participar en política, hablar de política. Una
democracia necesita de todos los saberes de una sociedad; necesita del
saber del militar. Prohibirle hablar también es prohibirle brindar su
saber, significa limitarse en el aprendizaje de un aspecto importante de
la vida social.
Sin embargo, estos cambios serían
necesarios siempre y cuando a mediano plazo exista la posibilidad de que
alguien nos invada. Desde que nacimos a la pomposamente llamada "vida
independiente" jamas se dio el caso. Lo que sí sucedió es que nuestro
ejército participó de la destrucción de un pueblo hermano, el paraguayo,
llevando a cabo un genocidio horripilante, y luego, por dos veces,
atentó contra la República con resultados desastrosos. Lejos de
protegernos, el ejército nos ha atacado. Lo que necesitamos es alguien
que nos proteja de nuestros protectores. Lo mejor, lo mas razonable, es
no tener protectores que lejos de protegernos, nos ataquen. Y es más,
nuestra seguridad y economía saldrían ganando pues utilizaríamos el
presupuesto militar para destinarlo íntegro a investigación y
desarrollo. ¿Cuales son los ministerios más ricos de nuestra República?
En el podio, con un 5,1% del presupuesto nacional, se encuentra el
Ministerio del Interior, y en segundo lugar, con un 4,2%, el de Defensa,
que supera al presupuesto acumulado de los Ministerios de Industria, Desarrollo Social, Salud Pública y Ganadería. El
número de empleados del Ejército (sin considerar a la Armada y a la
Fuerza Aérea) iguala la totalidad de maestros ¿Es esto una broma
macabra?
"¡Nooooo!", diría Fernández Huidobro,
"¡no es una broma macabra, es la gran mirada estratégica! Si aboliéramos
el ejército le haríamos el campo orégano a los yanquis que luego de
apoderarse de la Amazonia, vendrán a por el agua". Aquí tenemos al
desnudo la justificación de esta sistemática obstrucción a la Justicia.
Fernández Huidobro, genialmente, ha avizorado que el Imperio busca
erosionar nuestras FFAA y por eso desde el norte se presiona para
juzgarlas con el propósito de desprestigiarlas y debilitarlas y venir
luego a robarnos el agua y la tierra. ¿Qué necesidad tienen de robarnos
la tierra o el agua cuando ahora vienen y la compran y ya son dueños de
la tercera parte de sus títulos y de la mitad de su explotación? Nadie
podrá aclararnos este enigma.
En última instancia la capacidad de
defensa de un país deviene de la conciencia de sus ciudadanos y del
poderío económico de la nación. La batalla que tenemos que librar, por
lo que parece, viene por el lado de encarar otro modelo económico que
nos enriquezca, y en cualquier caso, por el de cuidar nuestra República
de cualquier cáncer que la devore. ¿Qué bien se le hace a la República
si se traslada del fuero penal a la fiscal Diana Salvo, que se
desempeñaba en la causa generada a partir de la denuncia colectiva por
torturas y abusos sexuales a ex presas políticas; si se inicia una
investigación administrativa a la Fiscal Ana Tellechea para sacarla de
casos de violación de DDHH; qué bien se le hace con el traslado de la
jueza Mariana Mota; con la separación del cargo por seis meses del
Fiscal Viana, que ponía en tela de juicio la constitucionalidad de
ciertos acuerdos secretos con el gran capital extranjero; y con el
traslado de la inspectora que denunció que la empresa "compañera" Fripur
adulteraba etiquetas y vendía pescado podrido; qué bien se le hace si
por acuerdo de todos los partidos se modifica nuestro Código de Proceso
Penal para que la Justicia quede supeditada al Poder Ejecutivo?
En estos días soleados y veraniegos,
negros nubarrones se ciernen sobre una República que debería asegurar el
imperio de la ley y la igualdad ante la ley, algo puesto en entredicho
con estos raros privilegios militares y con el nuevo Código de Proceso
Penal. Y uno no sólo se pregunta qué República es ésta, sino también qué
Democracia. En el pasado, los de aquí allanaron alegremente el camino a
los militares votando las Medidas Prontas de Seguridad; los de allá
saludaron los Comunicados 4 y 7 como expresión de un "sector
progresista" de las FFAA; y los de acullá mantuvieron dudosas
conversaciones con ellas en los batallones. Uno podría pensar que estas
gentes aprendieron de sus errores, mas no nos llamemos a engaños, como
el escorpión de la fábula, actúan conforme a su naturaleza. Lejos de
aprender de sus errores mantienen el hilo intacto que los une al pasado y
de espaldas a todos nosotros, volvieron a pactar con los militares
mucho después de haber sido recuperada la "democracia". Vendrá un
tiempo, cuando los historiadores ya no tengan miedo, en que la
Democracia conocerá estos viles acuerdos y componendas repugnantes.
(1) Recomendamos calurosamente la
lectura de un artículo nuestro referido a esta problemática: "Acerca de
la imperiosa necesidad de abolir nuestras FF.AA" http://elmuertoquehabla.blogspot.com/2013/08/acerca-de-la-imperiosa-necesidad-de.html
(2) "La mirada estratégica del Ñato". Entrevista en Voces a Huidobro, 11 de diciembre del 2014.
Como una astilla clavada en
la mente, el caso Gilberto Vázquez le recuerda a la conciencia
republicana el drama de los privilegios militares, su persistencia
cuando se ha violado ostensiblemente el deber y el problema de la
necesidad de FFAA en Uruguay.
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