Acerca de del caso de los enfermeros
MARTÍN AGUIRRE
Montevideo era una fiesta. La reunión del BID había copado el bucólico clima otoñal con eventos, figuras y periodistas de todo el mundo. Pero en medio de esa euforia explotó la bomba. La justicia procesaba a dos enfermeros por el asesinato de 15 pacientes hospitalarios, con sospechas de que las muertes podían superar las 60. La Policía llegó a hablar de 200. El evento previsto para exhibir al mundo un país en pleno despegue se transformó en una caja de resonancia que puso a Uruguay en las portadas por un caso inédito: dos asesinos "seriales" que durante meses o años operaron paralelamente en una especie de competencia macabra sin que nadie se diera cuenta.(click en el título para leer nota completa)
Pero los detalles de la investigación destaparon aún más elementos para la polémica. El caso trascendió debido a que una enfermera, que trabajaba con uno de los procesados, denunció anónimamente los hechos a la Policía, la cual investigó por meses sin notificar a las autoridades de la salud, hasta que atrapó a los homicidas. Se supo además que ya había existido una denuncia previa de otra funcionaria acerca de la conducta psicótica de uno de los enfermeros que fue desestimada, y que un informe producido por autoridades del propio Ministerio de Salud había alertado sobre el brusco aumento de las muertes en la unidad de un hospital público. Como si esto fuera poco, el estallido del caso reveló que la relación entre el Ministro de Salud y su segundo al mando que debió enfrentar los primeros efectos de la noticia, era tan mala que ni se dirigían la palabra.
¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Se pudo haber evitado alguna de las muertes? ¿Existían responsabilidades políticas detrás de los hechos?
La respuesta de las autoridades desde un comienzo fue vacilante, algo si se quiere comprensible ante una situación con pocos antecedente en el mundo. Pero con los días, en vez de mejorar, fue volviéndose cada vez más opaca y contradictoria. La postura oficial se basó en decir que no habían existido señales que alertaran sobre lo que estaba pasando, que se trataba de un caso de dos personas con desequilibrios mentales cuyo accionar era imposible de prever, y que los controles funcionan perfectamente. El subsecretario L. Briozzo, arremetió contra los medios (particularmente El País) acusándolos de generar alarma con el manejo de un informe que advertía de un aumento brusco de las muertes en el Maciel, informe que luego fue pieza clave en el fallo judicial. El ministro Venegas intentó limitar la exposición mediática, algo casi ridículo ante la magnitud de los hechos, pero sin embargo protagonizó una gaffe monumental al contestarle de forma soberbia a un periodista argentino en una rueda de prensa.("Acá se controla, ésto no es Argentina")
En medio de este panorama se le abrió al gobierno otro frente paralelo: el político. La oposición fustigó al ministerio por la falta de cristalinidad en el manejo del tema y por la ausencia de coordinación. Ante la noticia de que el Ministro del Interior llevó adelante una investigación de más de tres meses sin decir nada a sus colegas de Salud Pública, plazo en el cual hubo al menos una nueva víctima, el diputado del PI Daniel Radío dijo que "había una investigación, se tendió una trampa a dos psicóticos, los pacientes fueron la carnada y el Ministro nunca se enteró". Como suele suceder, el debate político se terminó centrando de manera estéril en una polémica acerca de si el ministro Venegas debía dejar su puesto o no. Quienes lo defienden afirman que llegó hace poco al cargo, que no puede estar al tanto de cada cosa que sucede, y que hubo información que le fue ocultada por su colega de Interior. La oposición reclama que ante un caso tan grave debe haber consecuencias políticas, y que aunque el jerarca no sea responsable directo, debería tener la sensibilidad de dar un paso al costado. Algo poco probable cuando ante un caso como el incendio de la cárcel de Rocha, en el que murieron 12 personas privadas de libertad y bajo custodia del Ministerio del Interior, el ministro Bonomi nunca peligró en su puesto.
Este hecho macabro ha destapado problemas gravísimos al menos en dos áreas. Por un lado en la salud, adonde pese a la reciente reforma que ha concentrado todo el poder en el Estado, sigue habiendo enormes deficiencias. Por otro en el gobierno, donde los internismos y pujas entre sectores del Frente Amplio, agravados por la política del presidente Mujica de ubicar a gente de distintos grupos en la cúpula de los ministerios, ya ha dado sobradas muestras de que conspira contra su buen funcionamiento. El gran peligro es que este debate político abroquele a los sectores en sus trincheras y evite una investigación a fondo sobre cuáles son los problemas internos en la salud que hicieron posible que algo tan grave pudiera suceder. Y, sobre todo, que permita tomar medidas para que algo semejante nunca vuelva a ocurrir.
Montevideo era una fiesta. La reunión del BID había copado el bucólico clima otoñal con eventos, figuras y periodistas de todo el mundo. Pero en medio de esa euforia explotó la bomba. La justicia procesaba a dos enfermeros por el asesinato de 15 pacientes hospitalarios, con sospechas de que las muertes podían superar las 60. La Policía llegó a hablar de 200. El evento previsto para exhibir al mundo un país en pleno despegue se transformó en una caja de resonancia que puso a Uruguay en las portadas por un caso inédito: dos asesinos "seriales" que durante meses o años operaron paralelamente en una especie de competencia macabra sin que nadie se diera cuenta.(click en el título para leer nota completa)
Pero los detalles de la investigación destaparon aún más elementos para la polémica. El caso trascendió debido a que una enfermera, que trabajaba con uno de los procesados, denunció anónimamente los hechos a la Policía, la cual investigó por meses sin notificar a las autoridades de la salud, hasta que atrapó a los homicidas. Se supo además que ya había existido una denuncia previa de otra funcionaria acerca de la conducta psicótica de uno de los enfermeros que fue desestimada, y que un informe producido por autoridades del propio Ministerio de Salud había alertado sobre el brusco aumento de las muertes en la unidad de un hospital público. Como si esto fuera poco, el estallido del caso reveló que la relación entre el Ministro de Salud y su segundo al mando que debió enfrentar los primeros efectos de la noticia, era tan mala que ni se dirigían la palabra.
¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Se pudo haber evitado alguna de las muertes? ¿Existían responsabilidades políticas detrás de los hechos?
La respuesta de las autoridades desde un comienzo fue vacilante, algo si se quiere comprensible ante una situación con pocos antecedente en el mundo. Pero con los días, en vez de mejorar, fue volviéndose cada vez más opaca y contradictoria. La postura oficial se basó en decir que no habían existido señales que alertaran sobre lo que estaba pasando, que se trataba de un caso de dos personas con desequilibrios mentales cuyo accionar era imposible de prever, y que los controles funcionan perfectamente. El subsecretario L. Briozzo, arremetió contra los medios (particularmente El País) acusándolos de generar alarma con el manejo de un informe que advertía de un aumento brusco de las muertes en el Maciel, informe que luego fue pieza clave en el fallo judicial. El ministro Venegas intentó limitar la exposición mediática, algo casi ridículo ante la magnitud de los hechos, pero sin embargo protagonizó una gaffe monumental al contestarle de forma soberbia a un periodista argentino en una rueda de prensa.("Acá se controla, ésto no es Argentina")
En medio de este panorama se le abrió al gobierno otro frente paralelo: el político. La oposición fustigó al ministerio por la falta de cristalinidad en el manejo del tema y por la ausencia de coordinación. Ante la noticia de que el Ministro del Interior llevó adelante una investigación de más de tres meses sin decir nada a sus colegas de Salud Pública, plazo en el cual hubo al menos una nueva víctima, el diputado del PI Daniel Radío dijo que "había una investigación, se tendió una trampa a dos psicóticos, los pacientes fueron la carnada y el Ministro nunca se enteró". Como suele suceder, el debate político se terminó centrando de manera estéril en una polémica acerca de si el ministro Venegas debía dejar su puesto o no. Quienes lo defienden afirman que llegó hace poco al cargo, que no puede estar al tanto de cada cosa que sucede, y que hubo información que le fue ocultada por su colega de Interior. La oposición reclama que ante un caso tan grave debe haber consecuencias políticas, y que aunque el jerarca no sea responsable directo, debería tener la sensibilidad de dar un paso al costado. Algo poco probable cuando ante un caso como el incendio de la cárcel de Rocha, en el que murieron 12 personas privadas de libertad y bajo custodia del Ministerio del Interior, el ministro Bonomi nunca peligró en su puesto.
Este hecho macabro ha destapado problemas gravísimos al menos en dos áreas. Por un lado en la salud, adonde pese a la reciente reforma que ha concentrado todo el poder en el Estado, sigue habiendo enormes deficiencias. Por otro en el gobierno, donde los internismos y pujas entre sectores del Frente Amplio, agravados por la política del presidente Mujica de ubicar a gente de distintos grupos en la cúpula de los ministerios, ya ha dado sobradas muestras de que conspira contra su buen funcionamiento. El gran peligro es que este debate político abroquele a los sectores en sus trincheras y evite una investigación a fondo sobre cuáles son los problemas internos en la salud que hicieron posible que algo tan grave pudiera suceder. Y, sobre todo, que permita tomar medidas para que algo semejante nunca vuelva a ocurrir.
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