En las calles y vertederos de Montevideo conviven clasificadores de tercera y hasta cuarta generación.

¡¿ Te das cuenta!? La Intendencia tiene un equipo de gobierno de 52 personas, hay ocho alcaldes y treinta y dos ediles. Entre 92 personas no pueden con el tema de los carritos. Penesemos algo nosotros porque  tamo' jodidos vo'.

Patricia Gutiérrez sale en el carro –que le costó $ 45.000 los que amortiza en cuotas de $ 500 por semana– con sus nietos de 1 y 4 años porque el Caif de su barrio no tiene más cupo. Juan Soria, de 60 años, fue electricista hace mucho tiempo, pero la mitad de su vida la pasó cinchando de las riendas de un caballo. Le enseñó los gajes del oficio a dos de sus hijos. Gutiérrez es clasificadora independiente y recorre la ciudad durante ocho horas y luego invierte otras tantas en separar los materiales en su casa. Soria integra la cooperativa “Ahora se puede” que funciona en la Unidad de Valorización de Residuos de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), en Burgues y Aparicio Saravia, junto a las cooperativas “La Lucha” y “Coclam” que, en conjunto, dan trabajo a 33 clasificadores (ver recuadro). El negocio de la basura mueve más de US$ 48 millones al año, pero los clasificadores ven solo la mínima parte que los ayuda a sobrevivir. “No somos hurgadores. Somos clasificadores. Hurgadores son el chancho y la rata que hurgan con la jeta”, manifestó Gutiérrez, secretaria de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (Ucrus).
Entre los clasificadores hay antiguos trabajadores formales desempleados. Gutiérrez contó que hay hasta abogados de edad avanzada que recurrieron a la basura para sobrevivir. Es una actividad que no requiere capacitación o experiencia previa. “Lamentablemente el clasificado es el último recurso que tiene un ser humano para no delinquir”, afirmó.


Ella clasifica hace 35 años. Cuando empezó tenía 16 y se había fugado del entonces Consejo del Niño. Pidió prestado un carro a un conocido y unos días después vendió papeles y unos bollones de dulce de leche por $ 12 y, “de la emoción que tenía”, se compró ropa y “una Pepsi Cola”. “Hice platales”, contó a El Observador. Al mes empezó a vender en la feria. Y, con el tiempo, aprendió una lección que la mantiene viva hasta ahora: cómo depender solo de sí misma. “Para mí es un orgullo ser clasificadora. A mí no me manda nadie”, completó. De la basura sacó lo suficiente para mantener seis hijos y hoy está a cargo de dos nietos. 

Para sobrevivir
El primer censo obligatorio de carritos se hizo en 2002. Ese año se registraron 5.312 clasificadores en Montevideo. Para entonces había 52% más carritos que en 1990, de acuerdo a datos oficiales. Dos años después se estimaba que había 7.700 carros circulando por la capital. En 2009 se abrió el segundo censo que es voluntario. Hasta ahora solo se han anotado 5.700 carreros. Según cifras de la IMM, cuatro de cada 10 usan un carro con caballo o con moto. Sin embargo, la Ucrus calcula que los clasificadores son unos 15.000 y, junto a sus familias, totalizan una población mayor a las 20.000 personas. Esta población es esencialmente joven (el 75% de las personas que viven en hogares clasificadores son menores de 30 años) y, en promedio, sus hogares están conformados por 4,5 integrantes (el doble del promedio de Montevideo) y cada mujer clasificadora tiene 3,23 hijos, cuando la Tasa Global de Fecundidad del país es de 2,03 hijos por mujer.

Es por eso que Gutiérrez se pregunta qué va a hacer la IMM si retira los carritos de las calles como propone un proyecto de decreto presentado esta semana en la Junta Departamental de Montevideo, al propiciarse una nueva polémica sobre los clasificadores luego de que un caballo de un carro manejado por un menor se desbocara y matara a un motociclista. “¿Van a hacer cárceles especiales para nosotros? ¿A la juventud la van a mandar a robar?”, increpó.

La directora de Desarrollo Social de la IMM, María Sara Ribero, dijo que los clasificadores sacan alrededor de $ 14.000 con la venta de plásticos y cartón, pero también venden cosas que encuentran en los contenedores o que les dan los vecinos –“por eso ves a veces a los chiquilines con remeras del British”, apuntó− y las colocan en ferias de la periferia. “Eso los podría llevar a sacar bastante más: hasta unos $ 17.000”, agregó. Alejandra Ostria, ex directora de Desarrollo Ambiental (2005-2007), elevó la cifra hasta $ 20.000, si recolectan y venden los materiales que mejor cotizan en el mercado, sumados a las prestaciones sociales que correspondan en cada caso. El estudio Caracterización de la población de clasificadores de residuos de Montevideo de la IMM presentado en diciembre de 2011 apuntó que el ingreso por clasificación constituía un cuarto de los ingresos del hogar.

“Estos ingresos a veces son mayores que los de una cajera de un supermercado y eso hace más difícil la formalización del sector, pero la cajera tiene acceso a las redes sociales y para los clasificadores el futuro no existe”, apuntó Ostria a El Observador, dado que ocho de cada 10 clasificadores no tienen derecho a jubilación. La diferencia entre ingresos hace que los clasificadores tengan poco interés en los cursos de capacitación de la IMM o el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) porque luego acceden a trabajos peor o igual remunerados, o los abandonan porque no se adaptan al horario o a recibir órdenes de un capataz. Los clasificadores son trabajadores acostumbrados a la independencia.

El material que mejor se paga hoy son los microprocesadores a $ 1.000 el kilo, seguidos del alambre de cobre a $ 94. Pero estos no abundan en las 15 toneladas de residuos diarias que sacan los clasificadores de las calles. El carro se llena con plásticos (el PET claro paga $ 9 el kilo), papeles (el blanco paga $ 4,8) y cartones ($ 1,2). El resto, en palabras de Gutiérrez, “son chirolitas”. Según la secretaria de Ucrus, lo normal es sacar $ 800 por semana ($ 3.200 al mes), que se suman a las ganancias de las ferias ($ 4.000 si tocan buenos domingos), más la comida. Gutiérrez consigue fruta y verdura en el mercado, pan y otros productos en almacenes y carnicerías. “El pan sabés que lo traés de la calle”, dijo a El Observador. También se viste. Esta semana, por ejemplo, encontró cuatro frazadas. Dos se las puso al caballo y las otras se las regaló a una nuera y a una hija.

Los trabajadores de las cooperativas pueden ganar hasta $ 8.000 (en “Ahora se puede” se cobra $ 5.500) pero no hacen feria y deben comprarse la comida. Los clasificadores asociados a una ONG perciben menos de $ 7.000 pero, como no cobran todos los meses, algunos clasifican por su cuenta para obtener un ingreso extra. Clasificadores consultados por El Observador indicaron que en los últimos seis meses vieron menguar sus ganancias por dos motivos: porque hay menos materia prima disponible y porque bajaron los precios a nivel internacional. En Ahora se puede llegaron a ganar $ 11.000 el año pasado.

Las cooperativas son el modelo de gestión de residuos que la IMM y la propia Ucrus visualizan como sustitutos de los carritos, pero la primera no acelera la construcción de plantas de clasificado. Hay cuatro prometidas para este año que, en teoría, podrán recibir hasta 32 clasificadores. De todas formas, son otra solución parcial. Bajo la órbita del sindicato funcionan ocho cooperativas, más tres del Mides. En total, no ocupan a más de 100 personas. Ucrus reclama que se les pague un salario a los cooperativistas y se les reconozca como trabajadores formales. 

Las plantas de clasificado, también llamadas Ecopuntos, retiran la basura de las casas de los clasificadores y mejoran sus condiciones laborales. De acuerdo al estudio de la IMM, es elevado el porcentaje de hogares de clasificadores que se encuentran a menos de 500 metros de distintos lugares tóxicos. La cifra se eleva a 59% para aquellos que están cerca de basurales; mientras que el 15% está ubicado sobre suelo contaminado con plomo. No es menor la cercanía con cursos de agua (45%), a los que terminan siendo arrojados los desperdicios sin valor comercial. Soria, miembro de la cooperativa “Ahora se puede”, reconoció que cuando separaba los residuos en su casa, no le quedaba otra que tirar el sobrante en las cañadas de Casavalle –donde vive– ante la falta de opciones cercanas de disposición final. Al mismo tiempo, nueve de cada 10 clasificadores víctimas de pobreza crónica recolectan residuos peligrosos.    

Capacitación insuficiente

“Los programas de formación y capacitación impulsados por la IMM han fracasado”, afirmó el edil colorado Mario Barbato. Colegas nacionalistas piensan lo mismo. Y los clasificadores también. El objetivo era que los clasificadores ingresaran a una empresa constructora. En 2011 se capacitó a 40 hombres de entre 20 y 59 años de Malvín Norte, pero solo 39 culminaron el curso. De estos, solo 19 comenzaron a trabajar en Stiler, en un convenio de un año. Según Ribero, “no aguantaron o no los aguantaron”. Sin embargo, el director de Limpieza, Andrés Martirena, dijo a Búsqueda a principios de este año que 160 clasificadores habían abandonado el carro y, de estos, 114 se habían trasladado a plantas de clasificación o puntos verdes, pero no detalló qué había sido de los 27 restantes.    
Los clasificadores están obligados a entregar su carné de trabajo y se deben comprometer a no entregar sus herramientas de trabajo. El edil nacionalista Edison Casulo entiende que este sistema, ante la falta de fiscalización de la IMM, ocasiona un “desplazamiento laboral”, es decir, el padre de familia no entrega el carro, sino que se lo cede a su esposa o a sus hijos, para que continúen trabajando, pero sin renovar los permisos. Si no fuese así, sostuvo, la IMM tendría en su poder al menos 19 carros, pero solo retiró dos durante 2011 y fue por malos tratos contra el animal.

Gutiérrez tiene otros cuestionamientos. Ella realizó un curso en el Mides por el que tuvo trabajo formal por seis meses. “La capacitación me sirvió de experiencia personal, pero no me dio un futuro laboral”, dijo la mujer por la brevedad del plazo.

Luego probó suerte en varias empresas de limpieza pero no la toman por su edad. Además, los clasificadores, en general, presentan un bajo nivel educativo. Casi la mitad no completó la escuela. Esto limita sus posibilidades de encontrar un empleo por sus propios medios. EL OBSERVADOR