Siga el baile, siga el baile

Nada es como parece: la subasta de los siete aviones de Pluna, lejos de liquidar un problema, abrió un escenario confuso y oscuro donde una empresa española, cuyos ejecutivos fueron procesados por vaciamiento y corrupción, al parecer juegan de intermediarios en un gambito del dueño de Buquebus, López Mena, que podría desembocar en una especie de “monopolio de la conectividad”.

El rematador Mario Stefanolli blandió el martillo que su esposa le había traído de México y que él estrenaba con un golpe seco. Ese martillazo, que resonó en el pabellón de ovinos de la Rural del Prado, consagró la adjudicación de siete aviones Bombardier a un señor que las cámaras tomaron siempre de espaldas por una ingenua disposición que intentaba preservar su identidad. Antonio Sánchez, un uruguayo representante de la firma española Cosmo Airlines que prometía comprar los aviones de la ex Pluna por 137 millones de dólares, había sido fotografiado y filmado minutos antes al ingresar al lugar de la subasta, y había afirmado a los periodistas que simplemente “vengo a ver” y que no había hecho el depósito del 10 por ciento del precio base. Fue la primera de una serie de incongruencias de todo el episodio, porque sin el depósito no hubiera podido pujar, en solitario, corrigiendo una anterior afirmación oficial de que la subasta se suspendía en una primera instancia para permitir que, en una segunda, hubiera muchos oferentes.
La contradicción resultó irrelevante cuando 48 horas después el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, fue sorprendido por el flash de la cámara de un fotógrafo de El Observador, que lo tomó in fraganti almorzando con Sánchez, con López Mena padre e hijo, Juan Carlos y Juan Francisco respectivamente, y con su asesor Gabriel Papa en un restorán de la Ciudad Vieja. Esa intromisión periodística obligó a Buquebus (de la que Juan Carlos es el dueño y Juan Francisco el ejecutivo principal) a emitir un apresurado comunicado en el que se revela que Buquebus pretende convencer a Cosmo de que mantenga en Uruguay los siete aviones y eventualmente se asocie para la explotación de las frecuencias de vuelo que antes explotaba Pluna. Cosmo, cuya página web aún está en construcción, había declarado que los siete aviones serían alquilados a otras empresas aéreas en vuelos interregionales en Europa central y del este. No se sabe si López Mena logró convencer a Sánchez de esa vuelta de tuerca; en todo caso, no se sabe qué hacía el ministro en esa reunión. Al cierre de esta edición no había comentarios oficiales, pero sí se sabe que el ministro Lorenzo había mantenido varias entrevistas con López Mena en Punta del Este cuando la segunda edición de la subasta era aún una incógnita.
El resultado de la subasta fue calificado como “un éxito” por el ministro de Transporte, Enrique Pintado, en una sui generis conferencia de prensa citada en la Torre Ejecutiva, en la que no se admitió ninguna pregunta. Si se hubiera realizado la conferencia de prensa, el ministro Pintado –que se autoatribuyó un nivel de “profesionalismo” en el proceso del episodio Pluna– hubiera debido explicar las afirmaciones del representante de los pilotos de la aerolínea uruguaya, quien reveló que se le había advertido al gobierno que una empresa podía comprar los aviones en la subasta al alza, y llevárselos, con lo que se liquidaba la posibilidad de reflotar una línea aérea de bandera uruguaya que explotara las frecuencias y retomara a los funcionarios. “Esa es una posibilidad remota”, habría afirmado el ministro.
Es posible que el ministro Pintado supiera, de antemano, que todo el trámite de la subasta terminaría siendo una especie de puesta en escena. Fuentes cercanas al gobierno afirmaron a Brecha que todo el trámite fue directa y exclusivamente manejado por el presidente Mujica y los ministros Pintado y Lorenzo. Si así fue, se explica entonces algunas crípticas afirmaciones del presidente, mientras volaba rumbo a Perú, consignadas en una crónica de Búsqueda. Cuando en pleno vuelo recibió una llamada confirmándole que había empezado la subasta, Mujica adelantó: “Esto no dura más de cinco minutos”; duró siete, a un promedio de un avión de 25 millones verdes por minuto. Y cuando el presidente en ejercicio, Danilo Astori, llamó para informar que la subasta había terminado, el presidente comentó: “Esto recién empieza”.
La preocupación presidencial por la “conectividad” de Uruguay con los países vecinos y con las capitales sudamericanas de alguna manera santificó las negociaciones emprendidas por Buquebus, Cosmo y el Ministerio de Economía. El objetivo sería convencer a la empresa española de que mantenga en Uruguay los siete aviones, para que pudieran ser arrendados por Buquebus para atender las frecuencias que antes explotaba Pluna, retomando parte del personal, en principio unos 200 trabajadores en el seguro de paro.
No queda claro por qué son necesarios esos siete aviones y no los seis que permanecen bajo un sistema de leasing y que deberán ser devueltos a Bombardier. Las verdaderas razones de López Mena son por ahora tan inescrutables como las del propio gobierno, que ha manejado todo el episodio bajo un manto de reserva. La falta de información era particularmente notoria respecto de Cosmo Airlines, definida por el presidente de la organización de las agencias de viaje como “muy seria”, lo que disipaba aquella afirmación inicial de López Mena de que la manera en que se había organizado la subasta daba lugar para que cualquiera comprara los aviones, “incluso narcotraficantes”.
Las sospechas, sin embargo, apuntaban más a considerar que Cosmo sería una especie de testaferro. Fuentes de Brecha aseguraron que el aterrizaje de Cosmo en medio de la tormenta fue producto de las gestiones oficiosas del presidente de Cutcsa, Juan Salgado. En ese sentido, la crónica de Búsqueda es lo suficientemente sugerente, al indicar que el aval bancario de Cosmo para participar en la subasta (por unos 14 millones de dólares) fue emitido por el Banco República, lo que no quiere decir necesariamente
–apunta ese semanario– que el dinero haya sido efectivamente depositado. Dice Búsqueda que la imposibilidad de obtener ese aval fue lo que impidió que otros dos interesados pudieran participar en la subasta.