Piratas de la bahía. Maniobras judiciales millonarias en el puerto
TEXTO: MARTÍN PINTOS/ CARAS Y CARETAS
Hace más de veinticinco años que recalan en Uruguay barcos de bandera española, y muchos de ellos, que llegan con tripulación peruana, son reparados en las instalaciones del Puerto de Montevideo. Se ha informado que esta operativa genera más de doscientos millones de dólares al año.
Según informaron fuentes del Parlamento uruguayo a Caras y Caretas, hace dos años un abogado chileno con patente para trabajar en Uruguay comenzó a realizar juicios laborales a los propietarios de dichos barcos por concepto de rubros salariales impagos, horas extras, etcétera.
Caras y Caretas supo que los montos de las demandas son tan altos que en algunos casos superan el medio millón de dólares. Esto no deja más alternativa al juez actuante que embargar los barcos que no tienen cómo enfrentar el pago de esas sumas, y por tanto se les impide zarpar del Puerto de Montevideo.
El juicio lleva meses, incluso años, lo que deriva en que los armadores negocien quitas importantes para que levanten los embargos y por ende puedan volver a navegar.
Las transacciones se hacen hasta por un diez por ciento de la demanda, pero, al existir un número importante ya realizadas, se arma una calesita en la que se hace juicio y se arregla en forma casi constante, por lo que siempre hay dinero en juego.
El tema desvela al gobierno uruguayo, que ya recibió la inquietud de su par español ante las numerosas quejas de empresas navieras por este tema, que, ante su reiteración, prefieren buscar puertos alternativos con tal de no terminar embargados y sin poder volver al mar quién sabe por cuánto tiempo.
Pero no fue la única queja. La Embajada de España en Uruguay mantuvo varias reuniones con legisladores para hacerles conocer la preocupación del gobierno español, según pudo saber Caras y Caretas. El año pasado también la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo mantuvo encuentros con el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, para ponerlo al tanto de la situación y apelar, de alguna manera, a que los juzgados laborales tengan presente la situación antes de tomar una medida de embargo.
¿Maniobra made in Uruguay?
La preocupación por estos casos llegó incluso a reflejarse en medios españoles. Bajo el título “Continúa el acoso judicial a barcos gallegos que operan en Uruguay, seis buques estuvieron retenidos este año por demandas de marineros”, La voz de Galicia publicó una nota sobre esta problemática el pasado 7 de marzo. Allí se explica que con la entrada en Argentina prácticamente vetada por el conflicto con las islas Malvinas, la flota gallega que opera en el Atlántico sur había convertido al Puerto de Montevideo en su base alternativa. Allí se pertrechaban y reparaban cerca de un centenar de pesqueros. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, agrega el artículo, el Puerto de Montevideo se ha convertido en un lugar incómodo a causa de lo que los agentes marítimos no dudan en denominar “mafia”, una “red de extorsión” que está montada por abogados chilenos que consiguen embarcar en aventuras judiciales a marineros peruanos que fueron asalariados de los armadores gallegos.
El artículo señala que los ex tripulantes presentan demandas contra sus antiguos patronos, reclaman elevadas cantidades en concepto de indemnización, y cuando la Justicia admite la situación el barco queda retenido en el puerto hasta que presente un aval que cubra la cantidad que demanda el marinero.
Esta situación a la que son sometidos los pesqueros se empezó a notar en el puerto debido a que varias embarcaciones cambiaron su base de operaciones hacia Brasil, principalmente al puerto de Río Grande do Sul, que no cumple los requisitos para la operativa de estos barcos pero que presenta menos dificultades con respecto a lo que se está viviendo en Uruguay.
LA COSA VOSTRA…
El diputado Jorge Pozzi, del Frente Amplio, no dudó en calificar a estos casos como “un juego extorsivo legal”. Sostuvo que quienes impulsan estos juicios “ya arreglaron la mayoría de ellos” por menos dinero de la demanda.
El impacto del no ingreso al puerto de Montevideo de varios buques es enorme. No sólo la imagen del país queda por el piso, sino que Uruguay deja de ganar por este concepto, además pierde dinero y, lo más grave, los perjuicios impactan en toda la cadena comercial-laboral: desde el suministro de combustible, pasando por la producción de cajas de cartón y hasta pérdida de fuentes de trabajo.
La diputada nacionalista Ana Lía Piñeyrúa explicó a Caras y Caretas que muchas veces los reclamos laborales que han proliferado terminan en arreglos por cantidades mucho menores, algo que obedece a que “haciendo uso de las legislación actual, se abusa de las vías procesales y se ejerce una coacción sobre los propietarios de los buques, las compañías, las empresas o armadores”.
Luego, como el barco está embargado e impedido de zarpar, los propietarios buscan en forma desesperada el dinero para solucionar el problema lo antes posible. La legisladora agregó que lo peor en estas situaciones es que “el producido por estas transacciones no llega al bolsillo del trabajador reclamante porque se utiliza el mecanismo de la cesión de créditos y la suma no la cobran los tripulantes”.
Piñeyrúa afirma que “la legislación actual se presta para que se ejerzan sobre los propietarios de los buques una coacción para arribar a acuerdos que permitan seguir trabajando”.
Lo más extraño de esta maniobra es que todos sospechan que se está ante una organización establecida. Fuentes legislativas aseguraron a Caras y Caretas que hay buques que llevan varados más de un mes, que transan y pocas horas antes de partir se enteran de que tienen otra acción judicial iniciada, lo que les impide volver a navegar. Allí comienza una vez más el círculo vicioso de recorrer estrados judiciales. Cuando termina el proceso, pasaron meses, las pérdidas son enormes y el barco huye, literalmente, de Montevideo y los patronos comentan a sus colegas lo que les pasó.
Es por esto que varios legisladores confiaron que hablarán con el prefecto porque es claro que “alguien tiene que avisar que el barco está por salir”, de lo contrario no se explica que la información llegue tan rápido que permita la presentación de otra demanda. La sospecha, claro está, apunta a que hay una organización montada, que incluso ha llegado a amenazar a quienes están buscando la punta de la madeja.
SE LES VA EL BUQUE…
La Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo presentó hace más de un año un proyecto de ley al Parlamento que englobaba mejoras en toda la política relacionada con el movimiento portuario y tenía un capítulo especial sobre embargos de embarcaciones. El diputado Frenteamplista Jorge Pozzi recogió el guante y junto al resto de la bancada oficialista desglosó el articulado relacionado con la problemática de los embargos y lo presentó en octubre del año pasado con algunos agregados.
El legislador dijo a Caras y Caretas que se busca “resguardar el derecho de los trabajadores”, que se les “permita a los armadores españoles poner una garantía”, algo que ocurre en varios puertos del mundo. Esto permitirá que ante eventuales reclamos quede la garantía y el barco sea liberado para seguir su camino.
El texto descansa en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara baja junto a otros proyectos de similares características que otros partidos presentaron. Lo cierto es que ante las informaciones que sostienen que hay un importante número de barcos que no ingresarán más al Puerto de Montevideo porque no quieren problemas, tomarán cartas en el asunto.
La diputada Piñeyrúa admitió a Caras y Caretas que solicitó, como integrante de dicha comisión, que el proyecto de la Asociación Uruguaya de Derecho Marítimo, al que le hicieron agregados y terminó ingresando a discusión el Frente Amplio, se vote “con urgencia”. “De lo que se trata es de buscar una solución lo más rápido posible. Quince buques se fueron y tal vez ya no vuelvan, es muy grave la situación”, agregó.
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