Lejos del paraíso .
23 Agosto 2013 
Astori vuelve a patear la mesa a propósito del sistema financiero. Esta vez la discrepancia es con el allanamiento a un banco off shore acusado de lavar dinero, falsificar documentos y realizar estafas con supuestas ventas de pases de futbolistas.
De la misma forma que, en plena campaña electoral, en 2009, Danilo Astori no dudó en cuestionar al candidato José Mujica a propósito de la famosa “lista gris” de países cuyas legislaciones facilitan el lavado de dinero, hoy el allanamiento de las oficinas de un banco off shore vuelve a generar controversia entre Presidencia y Vicepresidencia, una contradicción que no logró resolverse después de tres años de gobierno y que expresa distintas sensibilidades sobre bancos y actividades financieras, donde unos impulsan el combate al crimen organizado y otros priorizan la confidencialidad de los depósitos.
A mediados de junio pasado la Policía allanó, cumpliendo una orden judicial, las oficinas del Royal Bank of Canada (rbc) en la zona franca Zonamérica, y la representación de la financiera Alhec Group, en el World Trade Center. El operativo, ordenado por la jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez, fue solicitado por el juez argentino Norberto Oyarbide y coincidió con otros 150 allanamientos simultáneos en Argentina y Chile.
El juez Oyarbide instruye una megacausa sobre lavado de activos con el pretexto de la compra y venta de jugadores de fútbol. La investigación incluye los pases de unos 15 futbolistas argentinos y la responsabilidad de dirigentes de clubes, como San Lorenzo, Vélez e Independiente, y de representantes de los futbolistas. Acciones judiciales previas habían detectado que la financiera Alhec era el centro del lavado de dinero, en operaciones por decenas de millones de dólares. Alhec tenía oficinas en Chile y Uruguay, a través de las cuales se habrían realizado las transferencias falsas de jugadores. Oyarbide pretende demostrar que se cometieron delitos de lavado de activos, falsificación documentaria y estafa.
Recién ahora, transcurridos dos meses de los allanamientos del 14 de junio, que implicaron la confiscación de todas las computadoras, toda la información almacenada, todo el papelerío e incluso los teléfonos celulares de los empleados, se genera la polémica y se multiplican las advertencias sobre el temor que se expande en la plaza financiera. ¿La razón? Las autoridades del rbc anunciaron que piensan retirarse de nuestra plaza, porque los allanamientos “erosionaron la confidencialidad” sobre los clientes y generaron un daño “irreparable”. El primero en amplificar el cuestionamiento implícito a la justicia uruguaya y al gobierno fue el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Julio de Brun (el mismo De Brun que fue protagonista, desde la administración de Jorge Batlle, de la crisis financiera de 2002), advirtió que el allanamiento fue “una mala señal” porque afecta “la imagen de la banca y del país”. Además, extendió una dura crítica a la justicia porque “se trató de un operativo muy mal implementado”. Y ejemplificó: “Se montó el allanamiento de un banco de la misma forma en que se haría un allanamiento en una bodega en busca de contrabando”. Esa peculiar sensibilidad con los bancos y con los banqueros (el lavado de dinero es, efectivamente, contrabando) no tuvo en cuenta que el Banco Central le había aplicado al rbc la multa más grande de la historia, 1.200.000 pesos, “por las omisiones constatadas en el sistema integral para prevenirse del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, especialmente en lo que tiene que ver con la diligencia debida con respecto a sus clientes y el reporte de operaciones sospechosas”, según decía la resolución.
Por si fuera poco, Estados Unidos había acusado al rbc de lavar cientos de millones de dólares a través de operaciones fraudulentas de comercio, con contratos de negocios en acciones de la bolsa de futuro. “El esquema comercial fue diseñado supuestamente como parte de la estrategia del rbc para hacerse de lucrativos beneficios fiscales canadienses por tenencia de títulos de algunas empresas públicas en sus cuentas de comercio de Canadá y offshore”, dijo una comisión estadounidense que investigó al rbc entre 2007 y 2010. “El rbc incurrió en prácticas ilegales no competitivas, ventas que implicaron lavado de activos y ventas ficticias”, precisamente lo que investiga el juez Oyarbide. El público podía estar ignorante de esos antecedentes, pero no la Asociación de Bancos del Uruguay, que no dio a conocer su preocupación antes del allanamiento.
Fuentes de Presidencia consultadas por Brecha confirmaron que ya han aparecido indicios de irregularidades en la documentación incautada en los allanamientos, lo que hacía muy probable que el gobierno solicitara a la autoridad monetaria acciones para retirarle la licencia para operar, es decir para expulsarlo. “Sabíamos que el rbc tenía decidido suspender sus actividades en Uruguay a fines de octubre. Su anuncio de retirada sugiere que quisieron adelantarse a una probable expulsión.”
Tampoco podía ignorar los antecedentes el vicepresidente Astori, quien en una entrevista concedida al programa Suena tremendo, de El Espectador, admitió su “preocupación” por el episodio: “No es buena cosa para Uruguay que un banco de esta relevancia se vaya. Y también me preocupó el evento que originó esta decisión (se refería al allanamiento, no al lavado de dinero). Yo creo que las cosas se pudieron haber hecho de otra manera, más cuidadosa”.
La “indelicadeza” que al parecer tuvo la justicia con un banco, en la que coincidieron Astori, De Brun y el presidente de Zonamérica, Orlando Dovat, puso nuevamente en evidencia la contradicción dentro del gobierno sobre la manera de encarar la regulación bancaria y de combatir el lavado de activos. Mientras los trascendidos de “fuentes presidenciales” subrayaban el malestar en la Torre Ejecutiva por las declaraciones de Astori (“Debía haberse informado antes de hablar”), oficialmente la respuesta estuvo a cargo del secretario de la Presidencia, Homero Guerrero. En un diálogo con periodistas se le preguntó si coincidía en que el allanamiento era una mala señal que afectaba la imagen del país: “Creo que es totalmente al revés. Repercute de forma positiva porque demuestra un control, y que Uruguay se está adaptando a los nuevos tiempos”, dijo enfáticamente.
La batahola por el anuncio de retirada del rbc encendió una luz de alarma sobre la eventualidad de que los ahorristas no residentes comiencen a sacar sus ahorros de Uruguay. Desde Argentina se informó sobre una caída de los depósitos en dólares de los argentinos, que habrían pasado de 2.707 de dólares millones en junio a 2.697 millones en julio, es decir apenas 10 millones de dólares menos). De Brun, con cautela, explicó que no existe ninguna señal sobre una “corrida” de no residentes, y Dovat fue enfático en puntualizar que ninguna institución financiera que opera en Zonamérica esté pensando en tomar una medida similar a la del rbc.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancarios del Uruguay (aebu), Gustavo Pérez, descartó que la acción de la justicia contra el rbc afecte a la plaza financiera y que configure una mala señal. “Estaremos, en todo caso, ante una mala gestión de la empresa, que se retira porque la investigan”, dijo. “El Royal Bank of Canada es una institución offshore, no es un banco; se trata de una simple oficina de representación ubicada, además, en una zona franca. No hay ningún uruguayo que sea cliente de esta empresa, que tenga allí dinero o sea deudor de ella.”
En otro plano, ante las críticas sobre la forma de la acción judicial y policial, la Suprema Corte de Justicia, que había solicitado un informe a la jueza De los Santos, ahora salió, en boca del ministro Jorge Larrieux, a defender la independencia técnica de los jueces. En un principio se creyó que la jueza había enviado a Argentina todo el material incautado, pero ahora se sabe que simplemente solicitó al juez Oyarbide que designe peritos para analizar la documentación que ella determine. Al parecer, en las computadoras del rbc había información sobre unas 3 mil cuentas de no residentes y será tarea de la jueza establecer cuáles deben ponerse a disposición de los peritos argentinos. Este aspecto delicado de la confidencialidad llevó al presidente del Banco Central, Mario Bergara, a proponer el diseño de un protocolo para orientar la labor de la justicia, cuando se trate de temas bancarios.
Diluidos los “temores”, y puestas en su verdadera dimensión las “preocupaciones”, resta saber cómo evolucionará el contencioso interno en el gobierno y en qué medida las declaraciones del vicepresidente Astori fueron meditadas para generar la confrontación. Veinticuatro horas después del entredicho por el rbc, Astori sacudió otra vez la manta al anunciar un cambio de opinión respecto de la no devolución del dinero del Fonasa cobrado de más a un espectro de los usuarios de la salud. Pero esa es otra historia, o al menos otro capítulo de la misma historia.
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