Fiscal Viana pidió investigar contrato entre Uruguay y UPM para determinar posibles “clausulas secretas”

El fiscal letrado, Enrique Viana, realizó una presentación judicial para determinar si existe un convenio de inversión en el contrato firmado entre la empresa y el Estado uruguayo, lo que sería contrario a la ley. La justicia aceptó el petitorio, por lo que ambas partes deberán dar a conocer el acuerdo.

  Según trascendió, en los próximos días avanzarán intimaciones dirigidas hacia la empresa y hacia el gobierno para que revelen si existe un convenio que sería "ilícito", según la Constitución de Uruguay.

La presentación del fiscal bajo la forma de una "medida preparatoria" fue presentada el 23 de septiembre pasado.

El juzgado letrado en lo civil de octavo turno a cargo de Ana de Salterain lo aceptó y ahora deberá exigir tanto a UPM como al Gobierno de José Mujica que informen si existe un "Convenio de Inversión" entre ambos, lo que sería contrario a la ley.

"Desde 2004, cuando Botnia anunciaba su intención de instalarse en el territorio nacional, y hasta el presente, nunca se había indicado a la ciudadanía de la existencia de un Contrato de Inversión entre la Corporación Nacional Privada y el Estado Nacional. Tal circunstancia ha permanecido en la opacidad", afirmó el fiscal Viana.

El funcionario se basó en información pública sobre la "renegociación" de ese contrato con la empresa que fue comunicada por el propio gobierno uruguayo.

"Se desconoce cuál es el contenido cierto estipulado en ese Contrato de Inversión con UPM o Botnia, cuándo fue acordado y por quiénes fue suscripto en representación del Estado uruguayo. Con las implicancias que tiene todo contrato de Inversión, se hace imprescindible conocer el mismo en todo su tenor", manifestó.

"Sabido es que los contratos de inversión entrañan serios condicionamientos a la voluntad de los Poderes del Estado, aboliendo la Soberanía de una Nación y su mismísima cualidad de República", afirmó el fiscal.

Para el funcionario, "un contrato de estas características condiciona al Estado uruguayo que no le puede negar a la empresa estos aumentos de producción".

"De no cumplir con esto, si se pusiera firme, Uruguay sería demandando por una compensación, por no permitirle desarrollar su proyecto, ante el CIADI. Es un regreso al feudalismo", aseguró el fiscal.

Montevideo, Uruguay
UNoticias
Fuente: Noticias Argentinas
MDS