INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou: ¿LA HORA DE LA VERDAD? / Semanario Voces

La situación económica del país ya no es la de los últimos años y hay señales claras de que se deteriorará más en el mediano plazo.
La disminución del precio de los productos primarios que Uruguay exporta (carne, soja, leche, etc.), el aumento del valor del dólar, las dificultades que enfrenta Brasil, y, en lo local, el cierre de empresas, el envío de trabajadores a seguro de paro y un incipiente aumento del número de despidos, son indicios de que una etapa ha concluido y se inicia otra, más difícil. Esa es la impresión que, más o menos veladamente, predomina entre los economistas y los empresarios. Lo confirman las recientes declaraciones del ministro Danilo Astori, recomendando prudencia, pidiendo austeridad en el gasto y reclamando aportes de las empresas públicas a rentas generales.
Para quienes no somos economistas, la magnitud y los efectos de ese cambio en la economía no son todavía demasiado previsibles. Sin embargo, las crisis de 1982 y de 2002 nos enseñaron, entre otras cosas, que raramente los gobernantes anuncian las grandes crisis con anticipación suficiente. 
Desde luego, la responsabilidad por el enlentecimiento de la economía no es atribuible al gobierno. Porque muchos de los factores que lo determinan son internacionales y escapan al control de nuestros gobernantes.
Lo que sí es atribuible a los últimos gobiernos, concretamente a los dos pasados gobiernos del Frente Amplio, es la situación en la que nos encontraría una eventual crisis económica.
Un reciente informe del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), sobre la situación de la “clase media” en el Uruguay, indica que un veinte por ciento de los hogares uruguayos, pese a haber mejorado sus ingresos, están en situación de “vulnerabilidad” y podrían caer bajo la línea de pobreza en caso de deteriorarse la economía. Ese porcentaje subiría a la mitad de los hogares si la crisis fuera “extrema”, como lo fueron, por ejemplo, las crisis de 1982 y de 2002.
El informe señala, como causas principales de esa “vulnerabilidad”, las carencias educativas y las deficiencias en materia de vivienda y de transporte público.
Esa sí es responsabilidad de los últimos gobiernos. No las circunstancias económicas internacionales, sobre las que no tienen control, sino lo que han hecho con los recursos de estos diez años de bonanza.
Porque el informe del PNUD no hace más que confirmar algo notorio desde hace mucho tiempo: la inversión en políticas sociales fue erróneamente hecha. Se invirtió en soluciones aparentes, superficiales, transferencias directas de recursos materiales a sectores sociales que carecían de los instrumentos culturales necesarios para destinar esos recursos a lo más imprescindible: educación y vivienda. 
Se logró así, hasta cierto punto, disimular la pobreza material, pero no combatir la marginalidad cultural, que no depende estrictamente del dinero y ha continuado creciendo durante los últimos diez años.
La falta de políticas educativas es quizá la mayor falta que los gobiernos “progresistas” han cometido contra los intereses de la sociedad uruguaya.
La principal pero no la única. Porque la tan mentada “reforma del Estado” quedó en nada y la administración pública sigue malgastando recursos en un funcionamiento demasiado a menudo ineficaz, costoso, injusto y poco transparente. Para comprobarlo, está el sistemático derroche de dineros públicos que se hizo notorio en PLUNA y en los últimos balances de ANCAP. Y –me adelanto a decirlo- se hará algún día aun más escandaloso cuando se conozcan las implicancias del tema de la regasificadora. 
Hago especial hincapié en lo injusto del gasto salarial del Estado, que mantiene entre los funcionarios de sus diversos organismos, incluso entre los que prestan funciones de la misma jerarquía y responsabilidad, unas diferencias injustificables, dependiendo de en qué dependencia trabajen y de si esa dependencia es recaudadora o no lo es. 
Por último, si vienen tiempos difíciles, veremos qué queda de la gran apuesta de estos años: la inversión extranjera. ¿Quedará algo más que tierra estropeada, aguas contaminadas, impuestos perdidos y gente desocupada?
Durante las pasadas elecciones, la dirigencia frenteamplista logró instalar en mucha gente el pavor ante un posible triunfo del voto rosado. En las redes sociales, e incluso en las conversaciones personales, era común leer u oír afirmaciones del tipo: “este es el mejor gobierno que ha tenido el país”, o “los que critican le hacen el juego a la derecha”.
A menos de cuatro meses de la asunción del nuevo gobierno, ya no es tan común oír o leer esa clase de expresiones. Los hechos –los porfiados hechos- han moderado a ese optimismo agresivo y ahora todos, oficialistas y críticos, como liebres deslumbradas ante los focos de un auto, esperamos ver qué nos depara la economía.
Deseo de corazón equivocarme. Pero hay razones para pensar que el modelo edificado por el “progresismo” frenteamplista será puesto a prueba en poco tiempo. Quizá descubramos entonces que compramos recetas ajenas y construimos un modelo de país orientado al beneficio de grandes intereses externos. Un modelo que –lo digo a conciencia- le repartió pescado a mucha gente pero no le enseñó a pescar.
Quizá sea tiempo de pensar y de exigir otra cosa.