INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou:Voces Semanario
¿PLANES PARA LA ENSEÑANZA?
Leída con atención, el acta con la que se pretende cerrar el conflicto de los gremios de la enseñanza contiene una cláusula sorprendente.
Se ha afirmado públicamente que el centro de la propuesta de acuerdo es el compromiso del Estado de elevar el salario mínimo de los docentes, para el año 2020, al equivalente a $25.000 (a valores de enero de 2015). Sin embargo, la cláusula número cuatro del acta dice lo siguiente: “Los firmantes de este convenio acuerdan que, durante el período 2016-2017, los salarios correspondientes a los actuales funcionarios de la ANEP se incrementarán en términos reales con la intención de: -alcanzar en el año 2020 un salario nominal como mínimo de $25.000…”
“Tener la intención” no significa comprometerse a hacer. Nadie entregaría una casa, o un auto, a un comprador que declarara “tener la intención” de pagar el precio. Por la sencilla razón de que, si luego el comprador se arrepintiera, los jueces podrían no condenarlo, dado que “tener la intención” no es obligarse.
Obviamente, la ANEP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Trabajo (los organismos del Estado que suscribieron el acta) no quisieron o no se atrevieron a obligarse categóricamente a otorgar ese aumento salarial.
De modo que la propuesta sometida a consideración de las asambleas de los sindicatos docentes no contenía, en ese punto, un compromiso firme del Estado sino una declaración de intenciones.
El asunto adquiere mayor significado si se considera la principal contrapartida que, según la cláusula novena, los gremios docentes debían conceder a cambio: el compromiso (éste sí categórico) de “cumplir los cronogramas establecidos en los calendarios dispuestos en los respetivos planes y programas de estudio de la ANEP” y, según la cláusula décima, el de “no realizar acciones que contradigan lo pactado”. En buen romance: no hacer paros del sector al menos hasta abril de 2017.
Se podrá decir que hay aumentos de salario establecidos para los años 2016 y 2017, por lo que el compromiso de no hacer paro se justificaba por eso, pero lo cierto es que el tan mentado aumento del salario mínimo a $25.000 no queda establecido en esa acta más que como una mera “intención” de los organismos públicos.
Así las cosas, ¿hizo mal la asamblea de profesores al rechazar el acuerdo?
En términos estrictamente negociales, no puede reprochársele nada. No sólo –o no tanto- porque ese aumento de $25.000 para dentro de cinco años no satisface sus aspiraciones, sino porque el aumento tampoco queda realmente asegurado en el texto del acuerdo.
Otra cosa es si la continuidad del paro es políticamente conveniente.
Escribir regularmente una columna periodística no significa que uno crea tener siempre claro lo que convendría hacer en cada caso. Y en este caso, en particular, hay en juego demasiados aspectos como para que la solución sea sencilla.
Por un lado, el levantamiento de la declaración de esencialidad podría volverse un factor de distracción respecto al verdadero fondo del conflicto, un triunfo simbólico que distrae del problema salarial y presupuestal que le dio origen. Por lo que sería razonable que, despejado el problema artificial de la esencialidad, los sindicatos quisieran seguir luchando por las reivindicaciones por las que iniciaron la huelga.
Por otro lado, la prolongada suspensión de clases en un área sensible como la enseñanza, en particular si no se cuenta con sustancial respaldo de la central sindical, ni de la población, ni tampoco con el acatamiento masivo de los docentes, podría llevar al desgaste del instrumento sindical, en tiempos en que ese instrumento podría ser muy necesario. Veamos por qué.
Hay muchas cosas sintomáticas en este asunto. La primera es la designación de la Dra. Muñoz como ministra del área, conocida su incondicionalidad hacia el presidente Vázquez, su carácter temperamental y sus antecedentes en la implantación del Sistema Nacional Integrado de Salud. La segunda es que el gobierno haya resuelto enfrentar a los sindicatos docentes por el tema salarial sin haber formulado ningún proyecto de reforma de la enseñanza. La tercera es el tono beligerante adoptado por la Ministra ante el conflicto. La cuarta es la apresurada y descabellada declaración de esencialidad. Y la quinta es el contenido vago y casi de “tomadura de pelo” de la nueva propuesta de acuerdo, en la que el aumento a $25.000 y el 6% del presupuesto, prometido a la enseñanza en el programa electoral, se difieren al año 2020 y se convierten en intenciones o expresiones de deseo del gobierno.
De todo eso, lo más significativo es que el nuevo gobierno no haya formulado ningún proyecto para la enseñanza. No sólo porque las previsiones presupuestales para el sector no hacen pensar en ningún cambio sustancial sino porque, desde la asunción de mando, ni siquiera se ha enunciado conceptualmente un proyecto de reforma para la enseñanza pública. Aunque, claro, que no haya un proyecto no significa que no haya planes.
Durante la campaña electoral, Tabaré Vázquez y su entorno manejaron reiteradamente la idea de transferir recursos públicos a los estudiantes, en forma de becas o de vales, para que éstos y sus familias eligieran a qué institución privada de enseñanza preferían asistir. Primero lo anunciaron en una reunión a la que asistieron representantes de las instituciones privadas de enseñanza y luego el propio Vázquez lo expresó en los medios de comunicación. Por otra parte, esa es una de las tesis del Subsecretario de Educación y Cultura, Fernando Filgueira, que en esa época ya era el asesor de Vázquez en materia educativa.
¿Por qué olvidar esos anuncios? ¿Por qué suponer que Vázquez-presidente abandonó los planes que enunció Vázquez-candidato durante la campaña electoral?
Por el contrario, el silencio respecto a proyectos de reforma del sistema público de enseñanza, y la insistencia en manejar el tema exclusivamente como un problema presupuestal, bien podrían estar indicando que el plan (ya que no proyecto) es descongestionar la enseñanza pública mediante la transferencia de alumnos y recursos al sistema privado de enseñanza. Un plan muy similar al que se aplicó en la salud, casualmente, con los mismos actores como presidente y como ministra.
Tampoco es casualidad que en los nuevos tratados comerciales internacionales –en el TISA, por ejemplo- la educación está considerada un área de servicios económicamente rentable en la que también se aspira a eliminar la regulación y los monopolios públicos.
Desde luego, ésta no es más que una especulación. No tengo otras pruebas de lo que digo que las palabras del propio Vázquez durante la campaña electoral y los antecedentes y convicciones de su equipo en la materia. Cada cual calculará qué valor presuncional les da a esos elementos.
No faltará quien diga, “¿Y cuál es el problema con eso? ¿Por qué oponerse a priori a la privatización?” Bien, la respuesta a esa postura ideológica no la daré en este artículo, básicamente por razones de espacio. Me interesa por el momento considerar la posibilidad de que exista una intención privatizadora.
En síntesis, el aparente sin sentido de la actitud del gobierno en este conflicto, la apresurada y descabellada declaración de esencialidad y la poco seria propuesta de acuerdo, pueden tener más sentido del que aparentan. Basta suponer que la falta de proyecto puede ser síntoma, en realidad, de la existencia de un plan para la enseñanza.
Algo que los docentes deberían tener en cuenta al definir su estrategia en el conflicto. Porque el desgaste de la imagen sindical puede ser parte estratégica –una condición necesaria- para la implementación de otros planes no enunciados.
Leída con atención, el acta con la que se pretende cerrar el conflicto de los gremios de la enseñanza contiene una cláusula sorprendente.
Se ha afirmado públicamente que el centro de la propuesta de acuerdo es el compromiso del Estado de elevar el salario mínimo de los docentes, para el año 2020, al equivalente a $25.000 (a valores de enero de 2015). Sin embargo, la cláusula número cuatro del acta dice lo siguiente: “Los firmantes de este convenio acuerdan que, durante el período 2016-2017, los salarios correspondientes a los actuales funcionarios de la ANEP se incrementarán en términos reales con la intención de: -alcanzar en el año 2020 un salario nominal como mínimo de $25.000…”
“Tener la intención” no significa comprometerse a hacer. Nadie entregaría una casa, o un auto, a un comprador que declarara “tener la intención” de pagar el precio. Por la sencilla razón de que, si luego el comprador se arrepintiera, los jueces podrían no condenarlo, dado que “tener la intención” no es obligarse.
Obviamente, la ANEP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Trabajo (los organismos del Estado que suscribieron el acta) no quisieron o no se atrevieron a obligarse categóricamente a otorgar ese aumento salarial.
De modo que la propuesta sometida a consideración de las asambleas de los sindicatos docentes no contenía, en ese punto, un compromiso firme del Estado sino una declaración de intenciones.
El asunto adquiere mayor significado si se considera la principal contrapartida que, según la cláusula novena, los gremios docentes debían conceder a cambio: el compromiso (éste sí categórico) de “cumplir los cronogramas establecidos en los calendarios dispuestos en los respetivos planes y programas de estudio de la ANEP” y, según la cláusula décima, el de “no realizar acciones que contradigan lo pactado”. En buen romance: no hacer paros del sector al menos hasta abril de 2017.
Se podrá decir que hay aumentos de salario establecidos para los años 2016 y 2017, por lo que el compromiso de no hacer paro se justificaba por eso, pero lo cierto es que el tan mentado aumento del salario mínimo a $25.000 no queda establecido en esa acta más que como una mera “intención” de los organismos públicos.
Así las cosas, ¿hizo mal la asamblea de profesores al rechazar el acuerdo?
En términos estrictamente negociales, no puede reprochársele nada. No sólo –o no tanto- porque ese aumento de $25.000 para dentro de cinco años no satisface sus aspiraciones, sino porque el aumento tampoco queda realmente asegurado en el texto del acuerdo.
Otra cosa es si la continuidad del paro es políticamente conveniente.
Escribir regularmente una columna periodística no significa que uno crea tener siempre claro lo que convendría hacer en cada caso. Y en este caso, en particular, hay en juego demasiados aspectos como para que la solución sea sencilla.
Por un lado, el levantamiento de la declaración de esencialidad podría volverse un factor de distracción respecto al verdadero fondo del conflicto, un triunfo simbólico que distrae del problema salarial y presupuestal que le dio origen. Por lo que sería razonable que, despejado el problema artificial de la esencialidad, los sindicatos quisieran seguir luchando por las reivindicaciones por las que iniciaron la huelga.
Por otro lado, la prolongada suspensión de clases en un área sensible como la enseñanza, en particular si no se cuenta con sustancial respaldo de la central sindical, ni de la población, ni tampoco con el acatamiento masivo de los docentes, podría llevar al desgaste del instrumento sindical, en tiempos en que ese instrumento podría ser muy necesario. Veamos por qué.
Hay muchas cosas sintomáticas en este asunto. La primera es la designación de la Dra. Muñoz como ministra del área, conocida su incondicionalidad hacia el presidente Vázquez, su carácter temperamental y sus antecedentes en la implantación del Sistema Nacional Integrado de Salud. La segunda es que el gobierno haya resuelto enfrentar a los sindicatos docentes por el tema salarial sin haber formulado ningún proyecto de reforma de la enseñanza. La tercera es el tono beligerante adoptado por la Ministra ante el conflicto. La cuarta es la apresurada y descabellada declaración de esencialidad. Y la quinta es el contenido vago y casi de “tomadura de pelo” de la nueva propuesta de acuerdo, en la que el aumento a $25.000 y el 6% del presupuesto, prometido a la enseñanza en el programa electoral, se difieren al año 2020 y se convierten en intenciones o expresiones de deseo del gobierno.
De todo eso, lo más significativo es que el nuevo gobierno no haya formulado ningún proyecto para la enseñanza. No sólo porque las previsiones presupuestales para el sector no hacen pensar en ningún cambio sustancial sino porque, desde la asunción de mando, ni siquiera se ha enunciado conceptualmente un proyecto de reforma para la enseñanza pública. Aunque, claro, que no haya un proyecto no significa que no haya planes.
Durante la campaña electoral, Tabaré Vázquez y su entorno manejaron reiteradamente la idea de transferir recursos públicos a los estudiantes, en forma de becas o de vales, para que éstos y sus familias eligieran a qué institución privada de enseñanza preferían asistir. Primero lo anunciaron en una reunión a la que asistieron representantes de las instituciones privadas de enseñanza y luego el propio Vázquez lo expresó en los medios de comunicación. Por otra parte, esa es una de las tesis del Subsecretario de Educación y Cultura, Fernando Filgueira, que en esa época ya era el asesor de Vázquez en materia educativa.
¿Por qué olvidar esos anuncios? ¿Por qué suponer que Vázquez-presidente abandonó los planes que enunció Vázquez-candidato durante la campaña electoral?
Por el contrario, el silencio respecto a proyectos de reforma del sistema público de enseñanza, y la insistencia en manejar el tema exclusivamente como un problema presupuestal, bien podrían estar indicando que el plan (ya que no proyecto) es descongestionar la enseñanza pública mediante la transferencia de alumnos y recursos al sistema privado de enseñanza. Un plan muy similar al que se aplicó en la salud, casualmente, con los mismos actores como presidente y como ministra.
Tampoco es casualidad que en los nuevos tratados comerciales internacionales –en el TISA, por ejemplo- la educación está considerada un área de servicios económicamente rentable en la que también se aspira a eliminar la regulación y los monopolios públicos.
Desde luego, ésta no es más que una especulación. No tengo otras pruebas de lo que digo que las palabras del propio Vázquez durante la campaña electoral y los antecedentes y convicciones de su equipo en la materia. Cada cual calculará qué valor presuncional les da a esos elementos.
No faltará quien diga, “¿Y cuál es el problema con eso? ¿Por qué oponerse a priori a la privatización?” Bien, la respuesta a esa postura ideológica no la daré en este artículo, básicamente por razones de espacio. Me interesa por el momento considerar la posibilidad de que exista una intención privatizadora.
En síntesis, el aparente sin sentido de la actitud del gobierno en este conflicto, la apresurada y descabellada declaración de esencialidad y la poco seria propuesta de acuerdo, pueden tener más sentido del que aparentan. Basta suponer que la falta de proyecto puede ser síntoma, en realidad, de la existencia de un plan para la enseñanza.
Algo que los docentes deberían tener en cuenta al definir su estrategia en el conflicto. Porque el desgaste de la imagen sindical puede ser parte estratégica –una condición necesaria- para la implementación de otros planes no enunciados.
Comentarios
Publicar un comentario