INDISCIPLINA PARTIDARIA, la columna de Hoenir Sarthou / Voces Semanario
RECUERDEN BIEN ESTOS NÚMEROS
Sí, recuérdenlos bien: 425 y 677. Corresponden a artículos del proyecto de ley de presupuesto. Si pueden, búsquenlo en Google y léanlos.
Si usted es funcionario público, o si no dispone de miles de dólares para –en caso de enfermedad propia o de un hijo- pagar medicamentos caros y tratamientos sofisticados, le aseguro que le van a interesar.
El 425 limita las obligaciones de las instituciones de asistencia médica. Pretende cortar una tendencia que viene imponiéndose en el Poder Judicial: la de obligar a ASSE y a las mutualistas a suministrar medicamentos y tratamientos de alto costo a enfermos graves que los necesiten y no puedan pagarlos.
El artículo 425 ha generado el rechazo del Sindicato Médico del Uruguay y del Consejo de la Facultad de Derecho, así como expresiones públicas adversas de jueces y abogados, entre los que se cuentan los Dres. Dora Szafir, Edgardo Ettlin, Juan Ceretta, Gianella Bardazano y Florencia Cornú. Por información más detallada sobre el proyectado artículo 425, sugiero entrar al bloghttps://accesoamedicamentosuruguay.wordpress.com
El 677, por su parte, dispone que los créditos contra el Estado por reclamos remuneratorios, después de ser declarados y liquidados por el Poder Judicial, no podrán cobrarse hasta que se los incluya en la próxima ley de presupuesto o de rendición de cuentas, y serán pagados recién en el ejercicio siguiente. Lo que significa que el cobro de un crédito contra el Estado, por esos conceptos, puede demorarse todavía casi dos años luego de ganado el juicio.
PRESUPUESTO “CHICANERO”
En la jerga abogadil, una “chicana” es una estrategia desleal de defensa que abusa de los mecanismos procesales para estirar y enredar el juicio. Ya sea para demorar una sentencia desfavorable o para frustrar el resultado material del juicio.
Los dos artículos, además de ser inconstitucionales, usan la estrategia de la chicana. Intentan demorar desembolsos que el Estado está obligado a hacer.
El 425, por ejemplo, es groseramente inconstitucional. Ya ni hablemos de la prohibición de esconder temas no presupuestales en las normas presupuestales. La Constitución obliga al Estado a prestar asistencia y tratamiento médico a quienes carezcan de recursos para pagarlos. Eso significa que, muy probablemente, el 425 será declarado inconstitucional cada vez que un enfermo así lo solicite. Pero, claro, una declaración de inconstitucionalidad insume mucho tiempo. Justamente lo que un enfermo grave no tiene. Es una chicana macabra. Juega con el hecho de que el enfermo no podrá esperar a la finalización del trámite.
En cuanto al artículo 677, es inconstitucional porque viola el principio de igualdad, colocando al Estado en una posición de mayor privilegio ante el resto de las personas, mayor aun que el que ya tenía. Así, si una persona le debe al Estado, éste puede embargarla y ejecutar de inmediato. En cambio, con el régimen proyectado, si el Estado le debe a un funcionario, por ejemplo, podrá tomarse casi dos años para pagarle, además de lo que demore el juicio. Es difícil imaginar un ejemplo de mayor inequidad. La intención de ganarle tiempo al Estado para el pago de sus deudas (de algunas, no de todas) es evidente.
DEMOCRACIA SIN CIUDADANOS
Durante demasiado tiempo, los uruguayos hemos identificado a la política con el juego de los partidos políticos. Peor aún, la hemos dejado exclusivamente en manos de los partidos y de los profesionales de la política.
El sistema económico e ideológico en el que vivimos nos ha hecho creer que es posible delegar los asuntos públicos, desentendernos de ellos y dedicarnos a nuestras vidas privadas, al trabajo, al fútbol, a la televisión, a la compra del último modelo de celular o de computadora. Nos ha hecho creer que es posible no ocuparnos de nada, ser cada vez más ignorantes y tener cada vez más derechos, más confort y más felicidad, ilimitadamente y sin esfuerzo.
Los resultados están a la vista: PLUNA, ANCAP, regasificadora, FRIPUR, contaminación del agua, la continuidad de las AFAP, abusos en cárceles y en el INAU, una sociedad fragmentada y violenta, un sistema educativo impotente, y, ahora, la decisión de alivianar los costos de la crisis recortando los gastos en salud y demorando los pagos del Estado.
Bien mirado, era inevitable. Quien tiene un negocio y se lo entrega a un amigo para que lo administre mientras él se divierte, suele quedarse sin negocio y sin amigo. ¿Por qué habría de ser distinto cuando el “negocio” es el país y sus habitantes?
La concepción neoliberal de la vida en democracia transmite un mensaje muy atractivo: “No te preocupes por nada, trabajá un poco, votá cada cinco años, consumí y divertite el resto del tiempo, confiá y dejá las decisiones en manos de los que saben, dejales la economía a los economistas, el conocimiento a los científicos, la política a los políticos, tu salud a los médicos, la educación de tus hijos a los docentes, tu visión del mundo a los informativos y tu bienestar emocional a los terapeutas”.
Esa concepción de la vida democrática les concede y carga a la vez a los profesionales de la política con funciones que usualmente no están en condiciones de cumplir.
Por definición, salvo escasísimas excepciones, el profesional de la política democrática es un individuo dotado para percibir el sentir y la voluntad de un sector o de todo el universo de votantes. En la medida en que lo logre e incorpore esos sentimientos y deseos colectivos a su discurso, será electo. Luego, en el mejor de los casos, intentará llevar a la práctica su discurso. ¿Es lógico pretender que, una vez en cargos de poder, se convierta de pronto en un ideólogo, capaz de formular ideas que ni él ni sus votantes tenían en mente al momento de elegirlo?
La idea platónica, de una república regida por sabios filósofos, es muy poco democrática. Los pueblos suelen elegir como gobernantes a quienes expresan lo que el pueblo piensa o quiere oír. Es decir que el nivel de una sociedad democrática está determinado por el nivel del promedio de sus ciudadanos, no por el de sus sabios y genios. Por decirlo de otra manera, el verdadero centro de gravedad de una sociedad democrática no está en el gobierno, sino en el corazón de la misma sociedad, en el cerebro promedio de sus ciudadanos
Una sociedad democrática requiere una masa crítica de ciudadanía activa. Con el término “ciudadanía” me refiero a un núcleo considerable de personas con la formación necesaria para entender los problemas públicos, que se mantengan informadas de la marcha de esos asuntos y tengan el suficiente compromiso como para intervenir e incidir en las decisiones colectivas.
¿Hay en el Uruguay una masa crítica de ciudadanía pensante como para reorientar a la sociedad y al sistema político?
La respuesta parece simple, pero no lo es.
¿TERMINARÁ LA SIESTA?
El Uruguay tuvo, hace décadas, un nutrido elenco de pensadores, artistas, escritores, docentes, sindicalistas, profesionales universitarios, técnicos y valiosos autodidactas que oficiaban como intelectuales, a menudo inorgánicos o no necesariamente orgánicos, elevando el nivel cultural e intelectual del promedio de la ciudadanía. Pienso, con desorden cronológico, en Rodó, en Vaz Ferreira, en Grompone, en Figari, en José Pedro Varela, en Luisa Luisi, en Couture, en Quijano, en Emilio Frugoni, en los centros culturales fundados por anarcosindicalistas, en la Generación del 45, entre muchos otros y otras. Pienso incluso en José Batlle y Ordóñez y en Luis Alberto de Herrera, extraños “centauros”, mitad intelectuales, mitad políticos y hombres de acción.
Solos o reunidos en cenáculos, desde la docencia liceal o universitaria, encabezando proyectos sociales y educativos, inmersos en las luchas y en el debate público, esos personajes ayudaron a dar la tónica del Uruguay que fue. Gracias a ellos, en parte, nuestra ciudadanía fue más y mejor de lo que es.
Sin embargo, en la actual situación, movida por hechos injustos, de los que son buen ejemplo el TISA y los dos artículos presupuestales proyectados, empieza a manifestarse un malestar ciudadano incipiente. Ya no la rutina de la oposición parlamentaria, sino una preocupada indignación desde el llano, que empieza a permear a ciertas instituciones, como los sindicatos y la Universidad, despertando a algunos intelectuales y militantes sociales de su tranquila siesta oficialista.
Nuestro problema como país no es reelegir o cambiar al gobierno. Es construirnos a nosotros mismos como ciudadanos. Formarnos, informarnos, descreer y pensar creadoramente. Una tarea colectiva e íntima a la vez, que desborda los límites partidarios
Sí, recuérdenlos bien: 425 y 677. Corresponden a artículos del proyecto de ley de presupuesto. Si pueden, búsquenlo en Google y léanlos.
Si usted es funcionario público, o si no dispone de miles de dólares para –en caso de enfermedad propia o de un hijo- pagar medicamentos caros y tratamientos sofisticados, le aseguro que le van a interesar.
El 425 limita las obligaciones de las instituciones de asistencia médica. Pretende cortar una tendencia que viene imponiéndose en el Poder Judicial: la de obligar a ASSE y a las mutualistas a suministrar medicamentos y tratamientos de alto costo a enfermos graves que los necesiten y no puedan pagarlos.
El artículo 425 ha generado el rechazo del Sindicato Médico del Uruguay y del Consejo de la Facultad de Derecho, así como expresiones públicas adversas de jueces y abogados, entre los que se cuentan los Dres. Dora Szafir, Edgardo Ettlin, Juan Ceretta, Gianella Bardazano y Florencia Cornú. Por información más detallada sobre el proyectado artículo 425, sugiero entrar al bloghttps://accesoamedicamentosuruguay.wordpress.com
El 677, por su parte, dispone que los créditos contra el Estado por reclamos remuneratorios, después de ser declarados y liquidados por el Poder Judicial, no podrán cobrarse hasta que se los incluya en la próxima ley de presupuesto o de rendición de cuentas, y serán pagados recién en el ejercicio siguiente. Lo que significa que el cobro de un crédito contra el Estado, por esos conceptos, puede demorarse todavía casi dos años luego de ganado el juicio.
PRESUPUESTO “CHICANERO”
En la jerga abogadil, una “chicana” es una estrategia desleal de defensa que abusa de los mecanismos procesales para estirar y enredar el juicio. Ya sea para demorar una sentencia desfavorable o para frustrar el resultado material del juicio.
Los dos artículos, además de ser inconstitucionales, usan la estrategia de la chicana. Intentan demorar desembolsos que el Estado está obligado a hacer.
El 425, por ejemplo, es groseramente inconstitucional. Ya ni hablemos de la prohibición de esconder temas no presupuestales en las normas presupuestales. La Constitución obliga al Estado a prestar asistencia y tratamiento médico a quienes carezcan de recursos para pagarlos. Eso significa que, muy probablemente, el 425 será declarado inconstitucional cada vez que un enfermo así lo solicite. Pero, claro, una declaración de inconstitucionalidad insume mucho tiempo. Justamente lo que un enfermo grave no tiene. Es una chicana macabra. Juega con el hecho de que el enfermo no podrá esperar a la finalización del trámite.
En cuanto al artículo 677, es inconstitucional porque viola el principio de igualdad, colocando al Estado en una posición de mayor privilegio ante el resto de las personas, mayor aun que el que ya tenía. Así, si una persona le debe al Estado, éste puede embargarla y ejecutar de inmediato. En cambio, con el régimen proyectado, si el Estado le debe a un funcionario, por ejemplo, podrá tomarse casi dos años para pagarle, además de lo que demore el juicio. Es difícil imaginar un ejemplo de mayor inequidad. La intención de ganarle tiempo al Estado para el pago de sus deudas (de algunas, no de todas) es evidente.
DEMOCRACIA SIN CIUDADANOS
Durante demasiado tiempo, los uruguayos hemos identificado a la política con el juego de los partidos políticos. Peor aún, la hemos dejado exclusivamente en manos de los partidos y de los profesionales de la política.
El sistema económico e ideológico en el que vivimos nos ha hecho creer que es posible delegar los asuntos públicos, desentendernos de ellos y dedicarnos a nuestras vidas privadas, al trabajo, al fútbol, a la televisión, a la compra del último modelo de celular o de computadora. Nos ha hecho creer que es posible no ocuparnos de nada, ser cada vez más ignorantes y tener cada vez más derechos, más confort y más felicidad, ilimitadamente y sin esfuerzo.
Los resultados están a la vista: PLUNA, ANCAP, regasificadora, FRIPUR, contaminación del agua, la continuidad de las AFAP, abusos en cárceles y en el INAU, una sociedad fragmentada y violenta, un sistema educativo impotente, y, ahora, la decisión de alivianar los costos de la crisis recortando los gastos en salud y demorando los pagos del Estado.
Bien mirado, era inevitable. Quien tiene un negocio y se lo entrega a un amigo para que lo administre mientras él se divierte, suele quedarse sin negocio y sin amigo. ¿Por qué habría de ser distinto cuando el “negocio” es el país y sus habitantes?
La concepción neoliberal de la vida en democracia transmite un mensaje muy atractivo: “No te preocupes por nada, trabajá un poco, votá cada cinco años, consumí y divertite el resto del tiempo, confiá y dejá las decisiones en manos de los que saben, dejales la economía a los economistas, el conocimiento a los científicos, la política a los políticos, tu salud a los médicos, la educación de tus hijos a los docentes, tu visión del mundo a los informativos y tu bienestar emocional a los terapeutas”.
Esa concepción de la vida democrática les concede y carga a la vez a los profesionales de la política con funciones que usualmente no están en condiciones de cumplir.
Por definición, salvo escasísimas excepciones, el profesional de la política democrática es un individuo dotado para percibir el sentir y la voluntad de un sector o de todo el universo de votantes. En la medida en que lo logre e incorpore esos sentimientos y deseos colectivos a su discurso, será electo. Luego, en el mejor de los casos, intentará llevar a la práctica su discurso. ¿Es lógico pretender que, una vez en cargos de poder, se convierta de pronto en un ideólogo, capaz de formular ideas que ni él ni sus votantes tenían en mente al momento de elegirlo?
La idea platónica, de una república regida por sabios filósofos, es muy poco democrática. Los pueblos suelen elegir como gobernantes a quienes expresan lo que el pueblo piensa o quiere oír. Es decir que el nivel de una sociedad democrática está determinado por el nivel del promedio de sus ciudadanos, no por el de sus sabios y genios. Por decirlo de otra manera, el verdadero centro de gravedad de una sociedad democrática no está en el gobierno, sino en el corazón de la misma sociedad, en el cerebro promedio de sus ciudadanos
Una sociedad democrática requiere una masa crítica de ciudadanía activa. Con el término “ciudadanía” me refiero a un núcleo considerable de personas con la formación necesaria para entender los problemas públicos, que se mantengan informadas de la marcha de esos asuntos y tengan el suficiente compromiso como para intervenir e incidir en las decisiones colectivas.
¿Hay en el Uruguay una masa crítica de ciudadanía pensante como para reorientar a la sociedad y al sistema político?
La respuesta parece simple, pero no lo es.
¿TERMINARÁ LA SIESTA?
El Uruguay tuvo, hace décadas, un nutrido elenco de pensadores, artistas, escritores, docentes, sindicalistas, profesionales universitarios, técnicos y valiosos autodidactas que oficiaban como intelectuales, a menudo inorgánicos o no necesariamente orgánicos, elevando el nivel cultural e intelectual del promedio de la ciudadanía. Pienso, con desorden cronológico, en Rodó, en Vaz Ferreira, en Grompone, en Figari, en José Pedro Varela, en Luisa Luisi, en Couture, en Quijano, en Emilio Frugoni, en los centros culturales fundados por anarcosindicalistas, en la Generación del 45, entre muchos otros y otras. Pienso incluso en José Batlle y Ordóñez y en Luis Alberto de Herrera, extraños “centauros”, mitad intelectuales, mitad políticos y hombres de acción.
Solos o reunidos en cenáculos, desde la docencia liceal o universitaria, encabezando proyectos sociales y educativos, inmersos en las luchas y en el debate público, esos personajes ayudaron a dar la tónica del Uruguay que fue. Gracias a ellos, en parte, nuestra ciudadanía fue más y mejor de lo que es.
Sin embargo, en la actual situación, movida por hechos injustos, de los que son buen ejemplo el TISA y los dos artículos presupuestales proyectados, empieza a manifestarse un malestar ciudadano incipiente. Ya no la rutina de la oposición parlamentaria, sino una preocupada indignación desde el llano, que empieza a permear a ciertas instituciones, como los sindicatos y la Universidad, despertando a algunos intelectuales y militantes sociales de su tranquila siesta oficialista.
Nuestro problema como país no es reelegir o cambiar al gobierno. Es construirnos a nosotros mismos como ciudadanos. Formarnos, informarnos, descreer y pensar creadoramente. Una tarea colectiva e íntima a la vez, que desborda los límites partidarios
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