Indisciplina Partidaria, la columna de Hoenir Sarthou: ¿FACTORÍA O REPÚBLICA? / Semanario Voces

La proximidad de la elección de presidente en el Frente Amplio es una buena razón para hacerse algunas preguntas.
La primera es ¿qué es el Frente Amplio? O, con más generalidad incluso, ¿qué es un partido político, cualquier partido político?
Las pasiones que acompañan a las luchas políticas suelen hacer que la identidad partidaria, las banderas, la historia, las consignas, los símbolos, adquieran una carga emotiva propia, casi independiente del cuerpo de ideas y de los propósitos por los que el partido fue creado.
Sin embargo, un partido político –cualquier partido- es ante todo un instrumento, un medio para alcanzar ciertos objetivos sociales, la reivindicación de algunas ideas, la implantación de determinadas políticas, la defensa de ciertos intereses. Que después despierte pasiones y adhesiones emocionales es otra historia, que a veces puede llevar incluso a la desnaturalización de los objetivos para los que el partido fue creado.
Pertenezco a una generación que nació a la vida política y gremial antes de la existencia del Frente Amplio. Que después haya militado en él y lo haya votado (siempre que pude) durante más de cuarenta años, no cambia el hecho de que –como les pasa a muchos- mi identidad ideológica esencial se haya definido sin que el Frente existiera. Desde esa perspectiva, el carácter instrumental del Frente, su condición histórica de medio para la defensa de ciertos principios y el logro de ciertos objetivos sociales, es aun más nítido.
Eso impone –o al menos me impone- preguntarme cuál es la función actual del Frente Amplio en la sociedad uruguaya.
Y esa pregunta requiere establecer cuál es la situación actual de la sociedad uruguaya, cuáles son sus problemas más importantes.
Parto de la premisa de que, al menos en los papeles, somos una república. La república –puede parecer obvio pero no está demás recordarlo- es un sistema político en que la soberanía radica en los ciudadanos, en cada una de las personas que pueblan, con cierto grado de compromiso y voluntad de pertenencia, el territorio nacional. Y eso significa que esas personas tienen la facultad de decidir sobre “lo público”, es decir sobre aquello que es de todos.
Digo estas obviedades porque me propongo sostener algo no tan obvio: que el carácter republicano de la sociedad uruguaya está en crisis. Y no sólo en crisis sino también doblemente amenazado.
Está amenazado desde el exterior, por la enorme presión de las corporaciones transnacionales y de los organismos internacionales, que imponen políticas económicas, tributarias, educativas, culturales y últimamente también institucionales. Los tratados de libre comercio, que permanentemente se nos quiere hacer firmar, incluyen, cada vez con mayor descaro, el recorte de la autonomía del país para decidir sus políticas en todas esas áreas.
Pero el carácter republicano está también erosionado desde el interior, por el desarrollo de una ideología de matriz liberal, que concibe al ciudadano como un demandante crónico de “derechos”. Para esa concepción, la democracia republicana no consiste tanto en que los ciudadanos se comprometan y participen en las decisiones colectivas, sino en que reclamen y gocen cada vez de más “derechos”.
El problema –y sé que esto parecerá polémico- es que los derechos, por definición, son créditos que los individuos le reclaman a la sociedad. El lenguaje de los derechos es el lenguaje del individualismo. Si afirmo que mi casa es mía y que tengo pleno derecho sobre ella, estoy diciendo que nadie más en la sociedad puede entrometerse con ella. Si afirmo que tengo el derecho a expresar mi pensamiento, eso significa que toda la sociedad debe soportar lo que quiero decir. O sea, todo derecho es un límite que un individuo, o un grupo de individuos, le pone a la sociedad.
Desde luego, el concepto de “derechos individuales” es imprescindible para que la sociedad no se convierta en la dictadura del Estado. Pero es necesario saber que no toda la vida social puede traducirse en términos de derechos. Muchas cosas vitales no pueden ser expresadas en términos de “derechos”. Por ejemplo, el modelo económico que debe aplicarse, la clase de educación que debe impartirse, los valores culturales que deben adoptarse, no pueden ser decididos ni expresados en términos de “derechos” individuales ni grupales.
La sociedad republicana requiere el establecimiento de ciertos derechos básicos, que resguardan la vida, la libertad, la igualdad y la privacidad de los habitantes. Pero tiene también un anchísimo campo de acción en el que no debe primar el interés individual sino el colectivo. Es el campo de “lo público”, tan mal entendido habitualmente.
Por eso, la concepción que postula la expansión ilimitada de una “nueva agenda de derechos”, es insuficiente como programa social y político. Porque alienta el individualismo y el corporativismo, es decir el egoísmo individual y el colectivo, que hoy nos devoran. Un tema que deberemos debatir, sin dudas.
Pero vuelvo al problema original. ¿Qué función está cumpliendo el Frente Amplio, como partido de gobierno, ante esa crisis republicana que afecta
Al Uruguay?
Su gestión, voraz de inversión extranjera, ha favorecido el ingreso de capitales transnacionales y se ha adaptado a las exigencias de esos capitales. Las consecuencias empezamos a verlas: el deterioro de la tierra y del agua potable, como resultado de la explotación descontrolada de los dos recursos, la expansión del crédito, del consumo y la bancarización de la economía, las exoneraciones tributarias a las grandes inversiones en tanto crece la presión tributaria sobre las personas y las pequeñas empresas.
Por otro lado, la “nueva agenda de derechos”, produce la falsa sensación de que gozamos de más libertades y de que vivimos más a tono con lo que el primer mundo considera “políticamente correcto”. Aunque en realidad la sociedad en su conjunto esté cada vez más condicionada en sus decisiones y más inmersa en un peligroso modelo de consumo y de exclusión social y cultural, que ni siquiera se disimula bajo las meramente simbólicas “acciones de discriminación positiva”.
Para terminar, una república necesita ciudadanos. Y uno no nace ciudadano, sino que se educa como tal. Sin educación para la ciudadanía, no hay ciudadanos. La responsabilidad y el compromiso necesarios para actuar como ciudadanos no surgen de una insaciable “agenda de derechos” ni del “clima de negocios” requerido por las multinacionales.
¿Qué hemos hecho en materia de educación -ya ni hablemos de educación para la ciudadanía- en las últimas décadas?
Nada. Permitir su creciente deterioro.
Ese deterioro no es casual. La educación universal y la ciudadanía son contradictorias con el modelo económico predominante. Nos está permitido reclamar nuevos derechos individuales, sexuales o raciales. Lo que no nos está permitido es preguntarnos hacia donde van el país y el mundo en que vivimos, ni qué podemos hacer para cambiarlos.
¿Seguiremos siendo una república, o nos convertiremos en una factoría poblada por consumidores dóciles y por excluidos violentos?
Así las cosas, después de once años de gobierno con participación activa de todos los sectores del Frente Amplio, a nadie sorprenderá que diga que la nueva elección no me mueve un pelo.
Ojalá que quien resulte electo apunte a cambiar los temas y a introducir en la agenda aquellas cosas sobre las que debemos hablar y actuar.
Pero eso debería hacerse antes de pedir el voto. De lo contrario –ya lo hemos visto- los mensajes críticos no son entendidos.