Asaltante con patente / Alberto Grille Caras&Caretas
A esta altura, resulta inocultable que un sector muy fuerte del empresariado, tal vez los que dirigen las grandes cámaras y los empresarios cristianos, las universidades privadas y sus más destacados académicos, algunos cientistas políticos, economistas y abogados, particularmente los de los estudios más grandes, la mayoría de los políticos blancos y colorados, el empresariado rural y un sector presumiblemente minoritario del Frente Amplio con fuerte presencia en el gobierno comparten una visión sobre las empresas públicas que incluye modificarlas en su forma de gobierno, dar participación minoritaria al capital privado y hacer que coticen en la bolsa.
Naturalmente, si es posible, sin cambiar la ley… aunque la Constitución, las leyes orgánicas de las empresas del Estado y el pronunciamiento de la ciudadanía en la consulta popular de las Ley de Empresas Públicas parecen ser categóricos al respecto.
Entre los que apoyan esta idea están, naturalmente, los que la inventaron, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los que le cambiaron el nombre de “privatización”, como se llamaba antes, por el de “gobernanza”, como se le llama ahora.
En eso consiste la llamada reestructura o reforma de las empresas del Estado, que puede adquirir diversas formas, entre otras, el desmantelamiento a secas, la privatización parcial o total, la asociación con privados o la venta de acciones en la bolsa.
En los mencionados eventos intervinieron numerosos conferencistas. Casi todos compartieron esta idea central inocultablemente privatizadora. Estuvieron el licenciado Tomas Linn, el ingeniero Omar Paganini, la economista María Dolores Benavente, Martín Carriquiry, el doctor Conrado Ramos, el ingeniero Lucio Cáceres, el contador Martín Dibarboure, el contador Conrado Hughes, el ingeniero Andrés Tierno Abreu, el economista Ignacio Munyo, el economista Gabriel Oddone, el economista Eduardo Ache, el ingeniero Daniel Martínez, los senadores Marcos Otheguy, Jorge Larrañaga, Pablo Mieres, Luis Lacalle Pou y Pedro Bordaberry.
Las cosas que escuchamos:
“Bajar los costos de los servicios y recortar la grasa del Estado, aplicando modelos que garanticen la eficiencia sustentable y sostenible, es imprescindible”.
“El tema del gobierno corporativo de las empresas públicas ha sido puesto como un tema imprescindible a raíz de las pérdidas en Ancap”.
“Llama la atención que la sociedad en su conjunto no reclame por la eficiencia de las empresas”.
“Uruguay figura último en materia de gobierno corporativo en Latinoamérica y no precisa una ley, sino más bien que alguien represente realmente al accionista”.
“Vamos a cortar lo que es ineficiente, lo que no sirve, lo que es muy caro y no hay posibilidad de recuperar”.
“La [idea] de [Luis Alberto] Lacalle es la de las semiprivatizaciones, esto es: el Estado no se desprende de todo, pero lo pasa a manos privadas, para que la gestión –o, como se dice ahora, la gobernanza– esté en manos privadas. La tesis de [Julio María] Sanguinetti fue la de la asociación. Las empresas públicas tienen problemas, y lo que hay que hacer es asociarlas a otras empresas, pero siempre con la visión estatista. La idea era asociarlas con empresas extranjeras que, a su vez, eran estatales en sus países de origen. El ejemplo más claro fue el de Ancap, que no prosperó. Creo que es importante hacer esta distinción, porque no eran salidas iguales, pero el paquete cerró como si fueran lo mismo. Fue parte de los denostados años 90 y parte de lo que se llamó neoliberalismo, pero las soluciones no eran las mismas”.
“En este tiempo, los que juegan un rol muy importante y se fortalecen, sobre todo en las empresas públicas, son los sindicatos”.
“Entonces uno se pregunta si en Uruguay hay un mal endémico; cambian los partidos y seguimos manejando mal las empresas públicas. Y hay una complicidad de la ciudadanía”.
“Entonces vamos a generar una masa crítica de que esto hay que cambiarlo”.
“Las empresas públicas deben tener una lógica típicamente empresarial”.
“Que las empresas sean empresas. Acá el tema central no es discutir de quién es la propiedad de la empresa, sino ver que funcione como una empresa”.
“¿De qué estamos hablando? De una enorme reforma que no pone el énfasis en quién tiene la propiedad. El problema no es privatizar o no. Esa fue la discusión de los 90, que bloqueó todo esto. Hay que cambiar las reglas de juego para que puedan captar inversión, y eso sólo es posible vendiendo parte del paquete accionario”.
María Dolores
Tengo cierta debilidad por María Dolores Benavente, presidenta de la Academia Nacional de Economía. La economista es una alumna aplicada de Ramón Díaz. Neoliberal a ultranza, llama al pan, pan y al vino, vino, y no duda en ir directo al grano cuando muchos andan con gre gre para decir Gregorio.
En el seminario o mesa redonda organizada por ACDE, Benavente fue el postre. Para ser más preciso, la frutilla de la torta. Destacó que “la gente tiene ganas de debatir estos temas” y para iniciar el debate sin esquivar el bulto informó que su organización Pharos, fundada el año pasado, escribió su primer informe, cuyo título fue nada menos que “Empresas del Estado y eficiencia: la relevancia del ejercicio de la propiedad”. “El trabajo fue elaborado por la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, con Ignacio Munyo, Pablo Regent y Carlos Delpiazzo como equipo principal”. Según explicó Benavente, uno de los objetivos fue abordar el hecho de que “la institucionalidad de las empresas públicas uruguayas no es funcional a su eficiencia”.
Alguno de estos religiosos expertos es propietario de sociedades offshore, seguramente para practicar caridad en el exterior. Evocó: “No sé si se acuerdan de la década del 90, cuando había avisos en la televisión en los que aparecían piratas con los ojos tapados y decían que nos iban a sacar las empresas, es decir, una propaganda brutal contra lo que se entendía que era una agresión a las empresas, cuando en realidad era una agresión al poder que estaba enquistado en esas empresas, que está representado por los sindicatos que están en esas empresas y los políticos que en ese momento están”.
“¿Las empresas públicas tienen que tener estándares de información, transparencia, gobierno corporativo, evaluación de su gestión y auditorías equivalentes a las del sector privado? La respuesta es sí. ¿Tienen que tener las mismas exigencias que las empresas que cotizan en Bolsa? Nuevamente, sí. ¿Pueden tener liberalidades en la disposición de los recursos? No; si no está previsto en su carta orgánica, que es su ley, no”, comentó Benavente, corrigiendo la legislación vigente. Benavente dijo que “es posible que alguien diga que lo que se está precisando es alguien que represente al accionista, que represente al dueño, porque hoy lo que ocurre es que el presidente de la República decide quiénes van a ser los directorios y el Parlamento los avala, y hasta ahí llegó la participación del dueño, porque no hay después una instancia de seguimiento”.
La economista entendió que “el organismo natural e idóneo que a uno le viene a la cabeza cuando piensa en eso es la OPP”, que hoy dirige el contador Álvaro García, y dijo que “en ese sentido está empezando a trabajar el gobierno. A nosotros nos parece que es muy saludable”. No dijo que la OPP está ya muy avanzada en su trabajo con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la famosa Academia de Economía que ella preside.
Recordemos que la valiente economista que alguna vez afirmó que Uruguay se viabilizaría echando a 100.000 empleados públicos dijo también que la unidad de la OPP que esté encargada de esa tarea “nombraría a los directores, los evaluaría y los despediría por mala gestión”, barriendo todo el sistema actual.
La economista dijo: “Muchas veces el gobierno se entera por los diarios de una cosa que va a hacer la empresa pública. ¿Y eso por qué? Porque dado el estado en que está la institucionalidad en Uruguay, el director es el dueño, y eso no puede ser: los dueños somos nosotros”.
Para terminar, María Dolores llamó al combate: “Hay que hacer masa crítica, hay que hacer opinión que empiece a decir que esto no puede ser. Hay que empezar a hacer camino, porque si no, no va a haber un incentivo para el gobierno o los gobiernos para querer cambiar esto. Aparentemente, el gobierno actual lo quiere hacer, pero ¿cuántos gobiernos hemos visto que han querido hacer y no han podido? Bueno, acá me parece que nos estamos jugando uno de los últimos cartuchos. Esto tiene que salir bien”.
Siempre fue brava María Dolores, que, como siempre, salió con los metiendo los tapones.
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