Estado paga 4,5 millones de dólares por año a los fundidores de Fripur / SUDESTADA .COM. UY

En cinco años el Grupo Fernández cobró más de 22 millones del billete verde por venderle energía a UTE, ente que oculta estos datos a pesar de tratarse de dinero público

Fripur es un ejemplo de un emprendimiento familiar que se sostuvo durante décadas gracias a las dádivas del Estado y los favores políticos. Sin embargo, la crisis del frigorífico pesquero que terminó en una quiebra ruinosa para el Estado y los trabajadores no impidió a la familia incursionar en otros negocios tan rentables como la venta de viento, convertido en energía. El propio Estado financiador, evadido, y deshonrado en los créditos es el que compra –a través de UTE– lo producido por los Fernández, sin escatimar recursos.

Kentilux SA es una empresa de la familia que, aprovechando la política del gobierno para impulsar el cambio de la matriz energética y la utilización de energías renovables, inauguró el 25 de mayo de 2011 un parque eólico con una potencia nominal de 10 MW/por hora, que luego fue ampliada a 17,2 MW/por hora. Es que según explicaron a 

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 fuentes técnicas del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el resultado de la generación en el parque eólico de la familia Fernández resultó tan rentable –la producción de sus molinos supera el 40% de rendimiento cuando la media es de 30%– que pidieron y obtuvieron una ampliación del negocio. 

Con esta expansión, las posibilidades de obtener dinero del Estado se multiplican, y el viento se vuelve oro. De acuerdo al contrato original firmado en 2010, UTE le paga a Kentilux 85 dólares por MW/hora.

En función de estos datos –y sin tener en cuenta los reajustes anuales–, la empresa de energía eólica del Grupo Fernández, cobra 512 dólares por hora, es decir 12.300 dólares por día. El monto por mes es de 370 mil dólares y por año la familia que fundió Fripur se lleva 4,5 millones del Estado por sus negocios de viento.

A falta de información de parte de UTE respecto de los pagos a Kentilux SA –la empresa estatal publica los montos globales pero no lo que desembolsó para pagar a cada generador privado– el cálculo fue realizado por 

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 de acuerdo a la fórmula establecida en el pliego de condiciones del llamado a licitación. Fuentes de la Agrupación de Funcionarios de UTE confirmaron que el procedimiento de cálculo es correcto. 

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 advierte que se trata de un monto apegado a la base y no al tope de lo que la familia Fernández pudo cobrar efectivamente.