Lo que sucedió en las últimas horas fue vertiginoso. Una blitzkrieg conjunta del episcopado reaccionario y el gobierno PROcesista para acabar con la política de Derechos Humanos que tantos lauros le reportó a nuestra querida Argentina. El Papa tiene que desmarcarse de unos obispos que prepararon el terreno para la consumación de la ignominia. Según empleados jerárquicos de la propia Corte, las presiones recibidas por la Dra. Highton de Nolasco (que votó en contra de anteriores fallos suyos) fueron brutales. Tengo muy presente expresiones del mayor y acaso más inteligente abanderado de la dictadura, Juan Bautista “El Tata” Yofre, referido al ministro Germán Garavano y sus allegados. Cito de memoria. “Yo los conozco bien a esos muchachos, a mi no me pueden engañar. Sus padres eran funcionarios o fervientes partidarios de El Proceso, y ellos, aunque estaban en la secundaria, también”. Qué decir de Macri, cuyo padre se hizo inmensamente rico durante la dictadura y que siempre manifestó una admiración reverencial por el brigadier Osvaldo Cacciatore, el intendente que la dictadura puso al frente de la ciudad de Buenos Aires. Y de Avruj, un agente del sionismo racista que recibe a Cecilia Pando con asiduidad. A este gobierno solo le falta el cura Grassi en Minoridad. Los dejo con una secuencia cronológica de los hechos de las últimas horas (los ansiosos deben empezar desde abajo -donde están más los recientes- e ir hacia arriba). Se viene una enorme manifestación de repudio en la que es vital que participe el movimiento obrero. La lucha por los derechos humanos y sobre la otra blitzkrieg que el gobierno amarillo está lanzando sobre las conquistas obreras de todo un siglo no pueden ni deben escindirse, ante quienes quieren convertir a nuestro país en una mezcla de Chile (uno de los países donde hay más distancia entre pobres y ricos) y Puerto Rico, una colonia sin moneda propia. Vienen por todo. Están buscando ex profeso una crisis tal que los sectores medios colonizados acepten de buen grado una dolarización, de modo que San Martín y Belgrano fueron reemplazados por yaguaretes y ballenas que pronto serán reemplazados por Washington y Franklin. Los dejo con el rico material proporcionado por Télam, la agencia creada como Telégrafos Latinoamericanos por el coronel Perón en 1943. Cada lector podrá sacar sus propias conclusiones.

De yapa les dejo unos trailers en castellano del documental El acto de matar, sobre el genocidio practicado en Indonesias en 1965, que alguno de ustedes conocerán por una excelente novela que lo que es nada frecuente sirvió de base para una excelente película, El año que vivimos en peligro. Semejante matanza dejo huellas en nuestros aprendices de genocidas, los servicios de inteligencia, particularmente del Ejército y policiales. De hecho, a comienzos de los años ’70 en las calles de Buenos Aires era ver pintada la palabra “Yakarta” y a veces “Operacion Yakarta” en alusión a aquel genocidio y como advertencia de que quienes pintaban estaban dispuestos si los movimientos contestatarios peronistas y de izquierda seguían creciendo.Indonesia ha sido y es el paraíso de la impunidad y es por eso también un ejemplo de utopía reaccionaria. Allá los exterminadores son considerados oficialmente héroes a pesar de que se reivindiquen abiertamente como gángsters y genocidas. Es un espectáculo muy fuerte. Estómagos delicados, abstenerse.

Comienza mañana en Pilar la asamblea de la CEA. Se extenderá hasta el sábado

La Conferencia Episcopal Argentina propondrá la reconciliación entre víctimas y verdugos

La asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se reunirá desde mañana en Pilar, donde debatirá acerca de la “reconciliación” de la sociedad argentina en relación con los hechos del pasado reciente, en particular con los que se consumaron durante la última dictadura. A tales efectos, recibirá los testimonios directos de un grupo de familiares de desaparecidos, así como también de militares y familiares de éstos, dispuestos a exponer sobre distintos casos. En el encuentro también será estudiada una propuesta, elaborada por especialistas a partir de la experiencia chilena, para la prevención del abuso de menores y de adultos vulnerables.

Encabezados por el presidente de la CEA, el arzobispo de Santa Fe José María Arancedo, el centenar de obispos de todo el país se reunirá desde el próximo martes hasta el sábado 6 en la casa de retiro “El Cenáculo-La Montonera” de la localidad bonaerense de Pilar, informó la oficina de prensa del Episcopado.

Durante la asamblea plenaria “se comenzará con un itinerario de trabajo sobre el tema de la reconciliación en el marco de la cultura del encuentro” y los obispos “continuarán abordando esta cuestión durante varias asambleas, como una oportunidad para reflexionar acerca del modo de comunión dentro de la Iglesia y como un servicio al encuentro fraterno de los argentinos”, según se informa en el comunicado.

En ese marco, en una primera etapa de la reflexión, los obispos escucharán a partir del martes 2, en Pilar, testimonios de parte de un reducido grupo de personas vinculadas con los hechos de los años la dictadura; entre ellos familiares de desaparecidos y de militares, y también un periodista (sic).

Fuentes oficiosas adelantaron que entre los invitados se encuentran la ex senadora Graciela Fernández Meijide y el periodista Ceferino Reato y manifestaron su sorpresa por la exclusión del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, de buena relación con el Papa Francisco.

“Hay miradas diferentes entre los obispos, que tienen diferentes edades, y se busca tener una mirada más unificada, no uniforme, de ese período histórico. Nos debemos conversar sobre ese momento histórico con una mirada que apunte a la reconciliación”, explicaron a Télam fuentes episcopales, según las cuales el trabajo que comenzarán el martes se extenderá hasta el año próximo.

En el marco de la asamblea, la Iglesia anunciará también la aprobación de un protocolo para que víctimas y familiares directos de desaparecidos durante la última dictadura-cívico militar puedan consultar los archivos que la institución religiosa posee sobre esa etapa, tal como ya había sido anunciado en octubre del año pasado.

En aquella oportunidad, de acuerdo con una decisión impulsada desde El Vaticano por el papa Francisco, la CEA habían anunciado la finalización del “proceso de organización y digitalización” de sus archivos de la dictadura. Ahora, con la aprobación del procedimiento, los interesados podrán comenzar a realizar las consultas correspondientes.

Se trata de unas 3.000 cartas y documentos que se conservan en el Episcopado, en la Nunciatura Apostólica y en la Santa Sede, sobre pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos, y reclamar gestiones ante las autoridades militares de entonces.

“No les tenemos miedo a los archivos. Los ponemos a disposición como un servicio a la reconciliación, a la justicia y a la verdad”, expresó en esa oportunidad el arzobispo de Buenos Aires y vicepresidente primero del Episcopado, cardenal Mario Poli.

Las deliberaciones de los obispos comenzarán el martes por la tarde con el habitual intercambio pastoral, donde presentan libremente sus inquietudes y reflexiones sobre diversos temas, en tanto que, a las 19.30, monseñor Arancedo presidirá la misa de apertura del encuentro.

Según anticiparon las fuentes, en principio no está prevista la difusión de ningún documento o declaración durante la semana, pero eso dependerá de lo que los prelados definan durante el intercambio inicial.

Por otra parte, el miércoles, la Comisión Episcopal de Ministerios presentará también una propuesta de trabajo para la prevención de abuso de menores y adultos vulnerables, que se realizó con el aporte de especialistas en distintas disciplinas y experiencias tomadas de Chile. Desde el 2015, el Episcopado argentino ya tiene en vigencia una guía de actuación en el caso de denuncias de abusos sexuales en las que los acusados sean clérigos y las presuntas víctimas menores de edad.

Finalmente, los obispos recibirán el viernes la visita del canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales del Vaticano, el obispo Marcelo Sánchez Sorondo, quien los informará sobre “las actividades que lleva adelante por requerimiento del papa Francisco”, como la fundación pontificia Scholas Ocurrentes, una red mundial de escuelas, y como el abordaje de la problemática de la trata de personas, entre otras cuestiones.

Los obispos argentinos, una vez más, enviarán desde su cóclave en Pilar una carta dirigida al papa Francisco, en la que reiterarán la invitación para que venga al país, una visita que viene demorándose desde la misma coronación de Francisco y que aún no tiene fecha programada. En ese sentido, la CEA nombró recientemente al obispo auxiliar de Buenos Aires, Enrique Eguía Seguí -que fuera colaborador del arzobispo Bergoglio en Buenos Aires- como coordinador de un grupo de trabajo que comience a analizar los detalles de organización que implicaría una eventual venida del Papa a la Argentina.

Quiso aplacar los ánimos tras el rechazo a la propuesta de “reconciliación”

El obispo Arancedo dijo en su homilía que la Iglesia “busca promover una cultura del encuentro”

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor José María Arancedo, dijo hoy que “nos hemos acostumbrado a una cultura del enfrentamiento, la violencia y la anomia, que nos debilita como Nación” y sostuvo que la Iglesia busca promover una “cultura del encuentro”. Arancedo habló así al dar inicio a las deliberaciones de los obispos de todo el país, quienes abordarán, durante esta semana, entre otros temas, la necesidad de promover la “reconciliación”, a partir de ventilar hechos producidos durante la última dictadura todavía no enteramente conocidos ni juzgados.

El titular del episcopado dio la homilía en la misa de apertura de la asamblea plenaria que comenzó esta tarde, y que se extenderá hasta el sábado en la casa de retiros El Cenáculo-La Montonera, en la localidad bonaerense de Pilar, con la presencia de un centenar de obispos.

Citando palabras del papa Francisco, Arancedo sostuvo que “es hora de saber diseñar una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarlos de la preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones”.

Los obispos iniciarán un “tiempo de reflexión” sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura y para ello escucharán mañana los testimonios de familiares de desaparecidos y víctimas de la guerrilla que “sufrieron las consecuencias de este período, marcado por la violencia en distintos ámbitos de la sociedad”, aclaró hoy el Episcopado.

Según precisaron fuentes episcopales, “no se trata de una mesa de diálogo” sino que “lo único que van a hacer los obispos es escuchar testimonios”, en el contexto de un “itinerario de trabajo sobre el tema de la reconciliación, en el marco de la cultura del encuentro”, y que continuará hasta el año próximo, “como una oportunidad para reflexionar acerca del modo de comunión dentro de la Iglesia y como un servicio al encuentro fraterno de los argentinos”.

“Esta primera etapa se limitará exclusivamente a la escucha de algunos testimonios y no al intercambio entre participantes. Se ha invitado a un número acotado de personas para contar sus experiencias con un tiempo”, según precisaron hoy los obispos. Una de esas personas será Graciela Fernández Meijide, que integró la Conadep y es madre de un desaparecido.

La intención adelantada por la Iglesia recibió hoy duros cuestionamientos de parte de referentes de organismos de derechos humanos como Nora Cortiñas, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y de la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Para Carlotto, la decisión del Episcopado implica “herir susceptibilidades” y “abrir una brecha más que cerrarla”, en tanto que Cortiñas acusó a la Iglesia de haber sido “partícipe del terrorismo de Estado” y pidió que se dejen de “hipocresías y de patrañas”.

En la misa de apertura de esta tarde, Arancedo precisó que la actitud de la Iglesia es la de “promover una cultura del encuentro y fortalecer lazos de amistad social” así como “privilegiar el cuidado y la atención de los más necesitados”, lo que consideró que “no es una estrategia sino un compromiso de su fe en Jesucristo”.

“No se trata de una mirada ingenua, sino de poner al hombre en el centro de la cuestión social, y verlo como responsable de la misma realidad e instituciones de la República, que son la necesaria mediación en un estado de derecho y en el marco de una vida en democracia. Esta actitud nos hace protagonistas de un futuro que nos compromete”, sostuvo el arzobispo de Santa Fe.

En tanto, también durante la semana, la Iglesia anunciará la aprobación de un protocolo para que víctimas y familiares directos de desaparecidos durante la última dictadura-cívico militar puedan consultar los archivos que la institución posee sobre esa etapa, tal como ya había sido anunciado en octubre del año pasado.

En esa oportunidad, por una decisión impulsada por el papa Francisco, el Vaticano y la CEA en forma conjunta, se había anunciado la finalización del “proceso de organización y digitalización” de los archivos eclesiásticos de tiempos de la dictadura, y, ahora, con la aprobación del procedimiento, los interesados podrán comenzar a realizar las consultas correspondientes.

Se trata de unas 3.000 cartas y documentos que se conservan en el Episcopado, en la Nunciatura Apostólica y en la Santa Sede, sobre pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos, y en reclamo de gestiones ante las autoridades militares de entonces.

Por otra parte, la Comisión Episcopal de Ministerios presentará mañana una propuesta de trabajo para la prevención de abuso de menores y adultos vulnerables, que se realizó con el aporte de especialistas en distintas disciplinas y experiencias tomadas de Chile.

Desde 2015, el Episcopado argentino ya tiene en vigencia una guía de actuación en el caso de denuncias de abusos sexuales en las que los acusados sean clérigos y las presuntas víctimas menores de edad.

Además, los obispos recibirán el viernes la visita del canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales del Vaticano, monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, quien los informará sobre las “actividades que lleva adelante por requerimiento del papa Francisco”, como la fundación pontificia Scholas Ocurrentes, una red mundial de escuelas, y problemáticas como la trata de personas, entre otras cuestiones.

Otros temas previstos en la agenda de la Iglesia versan sobre “la falta de participación en la misa dominical y la pérdida del sentido de ese día” y sobre la relación con los cultos evangélicos y pentecostales, así como también el tema de los scouts, virtualmente escindidos de la Iglesia argentina por su postura favorable al matrimonio gay y el aborto.

Tajante rechazo de Abuelas a la propuesta del Episcopado

“No tengo que reconciliarme con nadie, fui agraviada, no agravié”, enfatizó Estela de Carlotto

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, expresó su absoluto rechazo a la anunciada propuesta de “reconciliación” sobre los crímenes de la dictadura que propone la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). La CEA comenzó a funcionar hoy en una quinta de Pilar. “No tenemos que reconciliarnos con nadie, Yo no agravié a nadie; fui agraviada con el asesinato de mi hija y el robo de mi nieto. La propuesta es un disparate, hiere susceptibilidades, abre una brecha más que cerrarla”, enfatizó Carlotto al ser entrevistada por radio El Mundo. Reclamó “Memoria, verdad y justicia” y que “se cumpla con la de democracia”.

La presidenta de Abuelas se refirió así a la asamblea plenaria de la CEA que inició hoy sus deliberaciones en Pilar, en las que abordará la necesidad de “reconciliación” en torno a los hechos ocurridos durante la última dictadura, para lo cual recibirá los testimonios directos de algunos familiares de desaparecidos (como Graciela Fernández Meijide) y otras víctimas del Terrorismo de Estado, y también de víctimas del accionar de organizaciones guerrilleras.

En este marco, Carlotto interpretó que “este disparate” seguramente “lo fomentarán algunas familias afectadas por la dictadura que están en un espacio equivocado, lamentable”, y se preguntó: “¿Cómo vamos a ir a dialogar? Lo que hay que hacer es cumplir con la democracia y con lo que pedimos de Verdad, Memoria y Justicia”.

“Acá no hay odio, no hay rencor, ni revancha. Tuvimos la paciencia de esperar 40 años. Se cometió un genocidio y se declaró delito de lesa humanidad. Hay que buscar la reparación por medio de la justicia y del respeto a la verdad absoluta”, añadió la dirigente de derechos humanos.

También durante esta semana, en el marco de la asamblea, la Iglesia anunciará la aprobación de un protocolo para que víctimas y familiares directos de desaparecidos durante la última dictadura-cívico militar puedan consultar los archivos que posee sobre esa etapa, tal como ya había sido anunciado en octubre del año pasado.

Al respecto, Carlotto recordó que fue a ver al papa Francisco al Vaticano, apenas asumido, para pedirle la apertura de los archivos y que las reuniones continuaron en Buenos Aires con el titular del Episcopado, monseñor José María Arancedo.

El otro tema que abordará el plenario de los obispos argentinos es una propuesta, elaborada por especialistas y siguiendo un modelo chileno, de prevención del abuso de menores y de mayores vulnerables, una cuestión de suma gravedad que recién comenzó a ser tratada por la jerarquía eclesiástica en la última década.

Serían las cartas en las que les pedían que intercedieran por los desaparecidos

Nora Cortiñas: la apertura de documentación anunciada por los obispos “es una hipocresía más”

Nora Cortiñas, de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora dijo que el anuncio realizado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) de que instrumentará un protocolo para permitir la consulta de documentos relativos a las desapariciones “es una hipocresía mas” puesto que se trataría de “las mismas cartas” que le dirigían a la Iglesia entonces familiares de las víctimas y organizaciones de DD.HH. que los buscaban. Cortiñas reclamó a los prelados que “abran” sus archivos “en serio”. Dijo que “saben la verdad” sobre lo sucedido en la última dictadura, ya que capellanes “entraban a los campos de concentración, palmeaban a la gente sangrante, torturada, diciéndoles que hablaran porque, si no, seguiría la tortura” y “hacían de puentes para entregar los bebés de las cautivas que daban a luz”.

Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a la FM Radio Con Vos, al hacer referencia al anuncio que realizará la Conferencia Episcopal Argentina en el marco de su asamblea plenaria que comenzó a desarrollarse hoy.

Allí, entre otras cuestiones, la Iglesia dará a conocer un protocolo para que víctimas y familiares directos de desaparecidos durante la última dictadura-cívico militar puedan consultar los archivos que posee sobre esa etapa, tal como ya había sido anunciado en octubre del año pasado. Se trata de unas 3 mil cartas y documentos que se conservan en el Episcopado, en la Nunciatura Apostólica y en la Santa Sede, sobre pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos, y reclamar gestiones ante las autoridades militares de entonces.

“Basta de hipocresías, de ocultamiento y de silencio de la Iglesia. Son las mismas cartas que llevamos al Episcopado y al Vaticano pidiendo que se ocuparan de lo que había pasado con nuestros hijos”, explicó Cortiñas al referirse a la desclasificación de de esos documentos, que se concretará ahora y que había sido anunciada en octubre pasado en forma conjunta por el papa Francisco, el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina.

En la entrevista, y al reclamar la apertura “en serio” de sus archivos, Cortiñas cuestionó duramente el papel de la Iglesia católica argentina durante el terrorismo de Estado y la acusó de ser “partícipe del horror” y de “hacer de puente para la entrega de los bebés de las mamás cautivas embarazadas que daban a luz y de entregar esos bebés a familias de militares, policías, empresarios”.

“Ellos entraban a los campos de concentración, palmeaban a la gente sangrante, torturada, diciéndoles que hablaran porque si no seguiría la tortura”, acusó Cortiñas y agregó que “acompañaban a los militares y civiles que participaron del terrorismo de Estado en los ‘vuelos de la muerte’, donde tiraban a nuestros hijos e hijas adormecidos, torturados, al mar o al río”. “Esos archivos tienen, ellos saben la verdad y es hora de que los abran en serio”, reclamó la madre de Gustavo Cortiñas, desaparecido el 15 de abril de 1977.

En ese marco, subrayó que la Iglesia católica argentina “nunca hizo autocrítica” de su papel durante la última dictadura), “ni pidió perdón, y es hora de que se dejen de patrañas y de hipocresías como ésta”, refiriéndose a los archivos que podrán ser consultados por familiares y víctimas de la dictadura.

LA CEA abordará mañana, miércoles la cuestión, también espinosa, del abuso de menores y de adultos vulnerables por parte de sacerdotes y religiosos, analizando un protocolo para la prevención de esta clase de delitos.

El beneficiario es Luis Muiña, condenado por secuestros y torturas a 5 personas

La Corte declaró aplicable el 2×1 a un civil condenado por delitos de lesa humanidad

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos contra dos, declaró aplicable el beneficio del llamado “2×1” para el caso del civil Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires. La decisión de la mayoría constituida por los ministros Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sostuvo que el beneficio de la ley penal más benigna resulta extensivo y se aplica “siempre” a todos los delitos, sin distinción alguna. Con este argumento, declaró aplicable la ley 24.390 (conocida como 2×1) al caso de Luis Muiña.

En el caso de Muiña, la Ley 24.390, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, cuando fue derogada, computa dos años por cada uno efectivamente preso a partir de los dos años de prisión preventiva. El fallo se presta a controversia -según penalistas- porque los delitos fueron cometidos cometidos y juzgados antes de la vigencia de la ley de marras, que además fue derogada en 2001.

En disidencia votaron los jueces Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, y Juan Carlos Maqueda, que argumentaron que el beneficio del 2×1 no es aplicable a los condenados por delitos de lesa humanidad.

A raíz de este fallo, Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos decidieron convocar para la tarde de hoy a una conferencia de prensa, ante lo que han definido como algo “escandaloso”, anticipando que allí expresarán su rechazo y darán cuenta de “las graves implicancias” que tendrá la decisión judicial.

El fallo de la Corte Suprema fue dictado en el caso del represor civil Muiña, en la causa “Bignone, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas, en el partido bonaerense de Morón.

Condenado a 13 años de prisión, Muiña integró durante la dictadura un grupo parapolicial conocido con el nombre de “Swat”, integrada por una decena de personas y que operó dentro del Posadas, donde utilizó el centro clandestino de detención conocido como “el chalet”.

La sentencia condenatoria de 2011 quedó firme el 21 de agosto de 2013, cuando la Corte declaró inadmisible un recurso extraordinario de la defensa.

En setiembre de 2013, el Tribunal de primera instancia aplicó al caso el 2×1 y estableció por ese cómputo que la condena estaría cumplida el 11 de noviembre de 2016, pero esa resolución fue anulada por la Cámara Federal de Casación Penal, que consideró que el beneficio era “inaplicable” al caso, en fallo recurrido ante la Corte por la defensa de los sentenciados.

Muiña fue condenado como coautor de los delitos de privación ilegal agravada en concurso con imposición de tormentos en perjuicio de cinco víctimas: Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff.

El expediente señaló que estos delitos derivaron de una operación represiva del 28 de marzo de 1976, que empleó tanques, helicópteros y que comandó en persona Reynaldo Bignone, quien ocupó el Posadas y detuvo ilegalmente a cinco trabajadores del establecimiento asistencial. Los secuestrados fueron encerrados en el centro clandestino de detención conocido como “el chalet”, que funcionaba en el mismo predio del hospital, donde fueron torturados.

En el fallo divulgado hoy por el Centro de Información Judicial (CIJ), la mayoría del Máximo Tribunal sostuvo que el Estatuto de Roma, instrumento jurídico internacional destinado a juzgar a acusados por delitos gravísimos tales como genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, “incorpora el principio de la ley más benigna” y su carácter imperativo.

Para Lorenzetti y Maqueda, en cambio, sobre los delitos de lesa humanidad “no se ha dado ningún cambio en la valoración”, son de “carácter permanente” y, “si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes”.

En sentido opuesto al fallo de la Corte, en marzo de 2014 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación había hecho lugar al recurso del fiscal Martín Niklison contra el cómputo de la pena de los condenados Bignone y Muiña. Según Niklison, era inaplicable el 2×1 al caso, entre otras razones, porque la ley que contempla ese cómputo “no se encontraba vigente ni al tiempo de cometerse los hechos objeto del proceso ni durante los períodos temporales dentro de los cuales los procesados cumplieron la detención preventiva”. En la causa, Bignone y Muiña fueron detenidos el 30 de septiembre de 2007. Además, recordó que durante los siete años de la vigencia de la ley del 2×1 Bignone y Muiña gozaban de la impunidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto y Final.

Luis Muiña estuvo procesado por el asesinato de dos médicos del Hospital Posadas

El torturador beneficiado por un fallo de la Corte está en libertad condicional desde hace un año

El represor beneficiado hoy por un fallo de la Corte Suprema que sienta jurisprudencia y provocó la unánime repulsa de los organismos de DD.HH., el agente civil de inteligencia Luis Muiña, está en libertad condicional desde hace aproximadamente un año luego de haber cumplido dos tercios de su condena, informaron a Télam fuentes judiciales. No es la primera vez que recibe ese beneficio, hace una década se le concedió, pero un fiscal logró revertirlo, reveló la periodista Miriam Lewin, que de joven fue detenida-desaparecida y escribió un perfil de él en el portal de TN.

Muiña integró durante la dictadura el “grupo de tareas” conocido como “Swat”, integrado por una decena de hombres que operó dentro del enorme Hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires.

El Swat instaló su base y centro clandestino de detención en un chalet del interior del nosocomio. Condenado a 13 años de prisión por delitos de lesa humanidad accedió a la libertad condicional tras casi nueve años de prisión.

De acuerdo a la investigación judicial, se lo encontró culpable de haber participado de la operación ilegal realizada el 28 de marzo de 1976 que en la que fueron secuestrados cinco trabajadores del citado nosocomio.

Se trató de un operativo militar comandado personalmente por el general de división Reynaldo Bignone que ocupó dicho establecimiento sanitario utilizando tanques y helicópteros.

Las víctimas de de ese operativo, que juzgó en primera instancia el juez federal Daniel Rafecas, fueron Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff.

Muiña también fue procesado por la muerte de dos médicos del Posadas secuestrados y torturados, pero en la instancia de juicio oral fue absuelto porque el tribunal que intervino entendió que esos asesinatos ya habían sido juzgados en una anterior causa por secuestros y torturas cometidas en “el chalet” del hospital.

Hoy la Corte suprema declaró aplicable al caso de convicto Muiña la Ley 24.390 (conocida como del 2×1), que estuvo vigente entre 1994 y 2001, cuando fue derogada, y que computa dos años por cada uno efectivamente preso, a partir del inicio de la preventiva.

¿Quién es Muiña?

En el portal de TN, la periodista Miriam Lewin -que de muy joven fue secuestrada y detenida-desaparecida en la ESMA, escribió un perfil del beneficiado.

“Formaba parte de un grupo de choque armado que aterrorizaba a trabajadores y pacientes del Hospital Posadas. Condenado por secuestros y torturas, se le otorgó el cómputo en contra de lo decidido por la Cámara de Casación.

El enorme predio del Hospital Posadas fue ocupado por fuerzas militares (del Ejército y la Fuerza Aérea) y policiales el 28 de marzo de 1976. Treinta de sus empleados fueron secuestrados: por lo menos once de ellos nunca volvieron a aparecer. Más de 150 fueron despedidos.

Luis Muiña, hoy de 61 años, fue beneficiado por la Corte Suprema con el 2 x 1. Había sido condenado en 2011 a 13 años de prisión por secuestro y torturas durante su estadía en ese hospital del oeste del Gran Buenos Aires.

Uno de los casos emblemáticos por el que se lo condenó fue Jacobo Chester, empleado del departamento de estadísticas del hospital. Fue secuestrado en su casa por miembros del grupo de tareas que integraba Muiña. Su cadáver apareció flotando frente a la Dársena F del puerto de Buenos Aires.

Según describió el juez Daniel Rafecas en el procesamiento, en el Posadas “lejos de velarse por la vida y por la integridad física de las personas, se sometió a los cautivos a un régimen de terror”.

La residencia destinada al director del hospital, conocida como El Chalet fue usada para instalar un centro clandestino de detención. El doctor Julio Rodríguez Otero, entonces a la cabeza de un proceso democratizador del hospital, fue arrestado y torturado allí.

Al mando de todo estaba el general Reynaldo Bignone. Se creó un grupo de choque parapolicial, el “Comando de Seguridad Interna”, del que formaba parte personal no uniformado. Provenían de las patotas del Ministerio de Bienestar Social de López Rega: eran policías exonerados de la fuerza.

Luis Muiña integraba ese equipo, conocido como SWAT, por una serie televisiva de moda en aquellos años. Se paseaba por el enorme predio a bordo de un móvil haciendo ostentación de armas largas y ejecutaba la represión.

El coronel médico Julio Ricardo Esteves, interventor militar, asumió, dijo, “para proteger el lugar de resentidos, disociadores y subversivos”.

Estaba convencido de que en el hospital funcionaba una posta sanitaria destinada a atender a guerrilleros heridos.

Estéves contrató a Muiña, que fue transferido desde un hospital rural de Belén, Catamarca, en julio de 1976, para formar parte de la fuerza de choque.

La justicia dio por probado que el SWAT dependía en un principio de la Fuerza Aérea, Brigada Aérea del Palomar, a pesar de que su disolución se dio después de un enfrentamiento a tiros entre personal del Ejército y de la Fuerza Aérea.

La escuadra irregular, el Swat, había acumulado demasiado poder y era incontrolable.

En su defensa, los abogados de Muiña alegaron que tenía escasa instrucción y escaso grado, y que había sido “adoctrinado”. Pretendieron instalar la idea de que la única transgresión del grupo al que pertenecía fue su actitud prepotente, que tenía una finalidad meramente disciplinadora.

Sin embargo, Muiño fue reconocido por testigos como autor de crímenes de lesa humanidad.

Muiña había sido condenado en el 2011 a 13 años de prisión por secuestros y torturas. Cinco víctimas lo reconocieron, entre ellos Gladys Cuervo, que relató que el condenado participó de su interrogatorio bajo tormento.

No es la primera vez que le conceden el 2 x 1. Lo había hecho el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, contando doble sus días en prisión preventiva después de los primeros dos años en la cárcel. Pero el fiscal Martín Niklison había presentado un recurso en contra y la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal le había hecho lugar.

Ahora, en cambio, la Corte Suprema lo benefició.

En el mismo sentido el ex juez Ledesma, que juzgó a las Juntas Militares

Avruj: “Tenemos que ser respetuosos, es un fallo del máximo órgano de la Justicia”

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, dijo que acata el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró hoy aplicable el 2×1 en un caso de delitos de lesa humanidad. Avruj recordó la independencia del Poder Judicial y destacó la igualdad de todos ante la ley. “Tenemos que ser respetuosos, es un fallo del máximo órgano de la Justicia , dijo Avruj en diálogo con AM 750, en relación al fallo de la Corte que redujo el cómputo de la prisión de Luis Muiña al concederle el derecho del 2×1, de acuerdo a lo que establece la ley 24.390, que estuvo vigente entre 1994 y 2001. En el mismo sentido se expresó el ex camarista Guillermo Ledesma, miembro del tribunal que en 1985 condenó a las Juntas Militares de la dictadura y los constitucionalistas Gregorio Badeni y Jorge R. Vanossi se mostraron totalmente de acuerdo con la Corte.

Avruj se mantuvo en sus trece al sostener que el gobierno sostiene la independencia de la Justicia , y que, por ese motivo, debía acatar el fallo del máximo tribunal. “Yo acato lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Siempre sostuve que los derechos humanos son para todos por igual, y, si los integrantes del tribunal consideraron que el marco legal permitía eso, tenemos que respetarlo”, consignó.

Avruj dejó claro que esa posición no significa que no se tomen en cuenta las consideraciones personales y sentimientos que se afectan y se hieren, mucho más cuando se trata de familiares directos de las víctimas .

“Permanentemente estoy condenando lo que fue el proceso sistemático de desaparición, tortura y muerte de los años de la dictadura”, dijo Avruj, que agregó que estaba claro que tampoco podía juzgar de acuerdo a su propio criterio y contra la ley , porque de ese modo estaría haciendo lo mismo que hicieron los militares .

Finalmente, Avruj dijo que es necesario que se rompa el pacto de silencio entre los militares, y que den la información que tienen, pero dijo que eso es independiente de la Justicia, que tiene que trabajar y tomar decisiones con total independencia.

Ledesma

El ex juez Guillermo Ledesma, miembro del tribunal que en 1985 condenó a militares que gobernaron el país durante la última dictadura, dijo hoy a Télam que estaba “muy de acuerdo” con el fallo de la Corte Suprema que, por mayoría, declaró aplicable el cómputo del 2×1 para el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.

La decisión de la mayoría constituida por los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sostuvo que el beneficio de la ley penal más benigna resulta extensivo y se aplica “siempre” a todos los delitos, sin distinción alguna.

Con este argumento, declaró aplicable al caso del represor condenado Luis Muiña la Ley 24.390 (conocida como 2×1), que estuvo vigente entre 1994 y 2001, cuando fue derogada, y que computa dos años por cada uno efectivamente preso a partir de los dos años de prisión preventiva.

“A mí me parece una enormidad no aplicar el beneficio de la ley penal más benigna, como sería la de reducir la pena por prisión preventiva por el dos por uno, sólo porque se trate de un caso de lesa humanidad”, explicó Ledesma.

Y agregó que, “tal vez, la mía no sea una opinión políticamente correcta, pero estoy, ante todo, con la igualdad de la ley para todos”, al tiempo que recordó que, cuando el tribunal que integró condenó a las juntas militares entre 1976 y 1983, se aplicó el Código Penal, y que entre la ocurrencia de los hechos y el fallo del caso Muiño, estuvo vigente esa ley del dos por uno, y que “entonces corresponde aplicarla”.

Ledesma señaló también que “hay un ensañamiento con los casos sindicados como de lesa humanidad, y lo digo yo que, por supuesto, juzgué con el mayor rigor los hechos cometidos durante la dictadura”.

A fines de los años ’80, Ledesma era el abogado del correo privado estadounidense DHL, enconado rival de los correos privados locales OCASA y OCA controlados por Alfredo Yabrán, pero de un día par otro pasó a trabajar para Yabrán, lo que hizo durante toda una década, lapso en el que se hizo rico, reveló La Nación el domingo 14 de septiembre de 2008.

Un año antes, Ledesma había aceptado defender a Antonini Wilson, quien, procedente de Venezuela, había sido sorprendido por una agente de la Policía de Seguridad Aeronáutica cuando intentaba ingresar más de 800 mil dólares en efectivo.

Sin embargo, un audio ilegal de una conversación entre ambos hizo que renunciara a esa representación.

Según la citada nota de La Nación, Ledesma, de simpatías radicales, fue un sostenedor de la “teoría de los dos demonios” aunque rechaza esa denominación. El diario lo citó: “Demonios o no, llámeselos como se los llame, hubo dos partes que transgredieron ferozmente el orden jurídico argentino y sumieron al país en una oscura noche de la que, lamentablemente, todavía no hemos salido”.

Vanossi

Un constitucionalista, Jorge reinaldo Vanossi, de origen radical, opinó en concordancia con “el voto de la mayoría” de la Corte, “habida cuenta de que la aplicación de la ley penal más benigna debe ser extensiva a todos los delitos, sin distinción alguna, y, como dice la norma penal, en todos los casos, o sea, siempre”.

Vanossi agregó que “no se puede negar a algunos lo que debe otorgarse a todos; hay que respetar el principio de legalidad, pues la ley 24.390 (denominada del dos por uno) no hace excepción respecto de tales delitos (de lesa humanidad), y el Estatuto de Roma (ley 26.200, para la Argentina) incorpora el principio de la ley penal más benigna”.

Badeni

Por su parte, otro constitucionalista, Gregorio Badeni, dijo que la Corte “retomó la senda” que imponen la Constitución, los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y el Código Penal” al establecver que en todos los casos que corresponde la aplicación de la ley más benigna”.

Se pronunciaron entre otros las Abuelas, CTA, el FIT y diputados del FPV

Repudio y duras críticas al fallo de la Corte en el arco polÍtico, social y de Derechos Humanos

Referentes políticos, sociales y del movimiento por los DD HH manifestaron hoy su repudio al fallo de la Corte que declaró aplicable el beneficio del 2×1 al caso de un condenado por delitos de lesa humanidad. Abuelas fue el primer organismo que manifestó en la voz de Estela de Carlotto su “indignación” por la decisión del máximo tribunal y anticipó que la entidad hará una “feroz denuncia” contra la Justicia argentina”. Desde el bloque kirchnerista de Diputados expresaron que la sentencia de la Corte “significa un enorme retroceso en la lucha contra el terrorismo de Estado y en la imagen que el país había recuperado a nivel internacional en la defensa de los DDHH”.

“La aplicación del 2 x 1 es lisa y llanamente un indulto a condenados por crímenes de lesa humanidad y constituye un pésimo y negativo mensaje a la sociedad, en la que los culpables de asesinatos tienen siempre la chance de beneficiarse con la reducción de las penas”, agrega el comunicado del bloque que preside Héctor Recalde.

Referentes del Frente de Izquierda, como la diputada nacional Myriam Bregman y el ex diputado Nicolás del Caño se manifestaron a través de sus cuentas de Twitter y sostuvieron que “la Corte está indultando”. Bregman cuestionó además a quienes critican el garantismo, al preguntarse “qué dirán ahora los que se llenaron la boca contra el ‘garantismo”. Garantismo para los genocidas. No los estoy escuchando…”.

En la misma linea, Del Caño manifestó que “mientras el gobierno de Macri niega a los 30.000 desaparecidos, la Corte Suprema beneficia a los genocidas”.

Nietos que recuperaron su identidad y miembros de la agrupación HIJOS también mostraron su indignación por el fallo de la Corte, al asegurar que otorga “impunidad a los genocidas”. “El gobierno busca un cambio de paradigma: la impunidad para los genocidas. La Corte Suprema, se hace eco: 2×1 para los torturadores”, escribió Charly Pisoni, ex subsecretario de DDHH y referente de HIJOS Capital.

“Esta lucha no se negocia y no se reconcilia. Esta lucha es por Memoria, Verdad y Justicia, es por nuestros 30.000. Ni un paso atrás”, escribió Victoria Montenegro, otra referente de HIJOS y nieta recuperada, al enterarse de la decisión de la mayoría de los ministros de la Corte.

El actual ministro de Derechos Humanos de Santa Cruz y miembro de HIJOS Horacio Pietragalla calificó de “horrorosa” la decisión del máximo tribunal. “No dicen donde están los restos de los desaparecidos, quiénes son los 200 nietos que siguen apropiados, pero la corte los beneficia con el 2×1”, escribió en su cuenta de Twitter, acompañando al texto una fotografía que muestra el hallazgo de los restos de su padre. “Ahí esta mi papá con muchos compañer@s, así los escondieron los torturadores genocidas y la Corte suprema los beneficia con el 2×1! Duele.”

Por otro lado, el ex ministro y ex diputado del kirchnerismo Agustín Rossi manifestó su descontento e indignación a través de sus cuentas de Twitter. “Indignante y vergonzoso el fallo de la Corte Suprema en relación al 2 x 1 en los delitos de lesa humanidad. Clima de época. Cambiamos”, escribió el ex ministro de Defensa kirchnerista.

El titular de la CTA de los Argentinos Hugo Yasky afirmó en cambio que con este fallo “la Corte Suprema permite el cómputo de 2×1 para prisión aún en casos de Lesa Humanidad” lo que significa “beneficios para represores. Una vergüenza”.

La Corte Suprema de Justicia, por mayoría, declaró hoy aplicable el beneficio del cómputo del 2×1 para el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires. La decisión de la mayoría constituida por los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sostuvo que el beneficio de la ley penal más benigna resulta extensivo y se aplica “siempre” a todos los delitos, sin distinción alguna.

Abuelas denunciarán internacionalmente a la justicia argentina

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anticipó hoy que la entidad hará una “feroz denuncia” a nivel internacional “contra la Justicia argentina” a raíz del fallo dictado hoy por la Corte Suprema de Justicia que consideró aplicable el beneficio del 2×1 para un represor, decisión a la que consideró “abominable”. “Vamos a hacer una denuncia feroz contra la Justicia argentina”, aseveró Carlotto en declaraciones formuladas esta tarde a la radio AM750, a poco de conocido el fallo mayoritario del máximo tribunal.

Allí, señaló que “hay un pueblo que tiene que salir a denunciar esto a nivel internacional” y remarcó que “esto se tiene que saber y saber qué piensa la Organización de Naciones Unidas (OEA) y los organismos serios y responsables”.

“Si vivimos bajo presiones para mantener el estatus, que se pongan un kiosco y que vendan golosinas porque esto es una estafa a la moral”, aseveró la referente de derechos humanos.

Los próximos pasos fueron anunciados en una conferencia de prensa

El repudio al fallo de la Corte sigue sumando adhesiones y los organismos convocarán a una marcha

Referentes de los derechos humanos y dirigentes políticos criticaron hoy el fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició con la llamada ley del 2×1 al represor Luis Muiña, quien podrá recuperar su libertad plena mucho antes de cumplir con la pena de 13 años de prisión por la comisión de delitos de lesa humanidad. Las Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS y otros organismos expresaron en conferencia de prensa su repudio al fallo y anunciaron que convocarán a una marcha de protesta en fecha a determinar. En la tarde fueron sumándose al repudio otros referentes políticos del kirchnerismo, el Frente Renovador y el Movimiento Evita.

Estela de Carlotto expresó que “convocamos al pueblo a defender sus derechos porque esto no nos afecta a las abuelas -nosotras estamos afectadas desde hace cuarenta años- sino que afecta a los hijos del pueblo, porque esta ley (2×1) no regía para los crímenes de la dictadura”.

A su vez, Taty Almeida, de Madres-Línea Fundadora, dijo que “tratar de dejar en libertad a los genocidas es inaudito” y criticó a la vez la intención de las autoridades eclesiáticas argentinas de impulsar la “reconciliación” entre militares y familiares de las víctimas de la dictadura: “No perdonamos, no nos reconciliamos, la jerarquía eclesiástica demuestra que no tiene memoria”, sostuvo.

En tanto, Horacio Verbitsky, titular del Cels, señaló que “hay una ofensiva llevada adelante con hipocresía con leyes de dudosa aplicación”, y sobre la iniciativa de la Iglesia indicó que “la reconciliación implica para la Iglesia arrepentimiento y reparación por los daños cometidos, pero yo no he visto a ningún militar, ni policía, ni empresario arrepentirse”, por los crímenes de la dictadura.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel criticó en cambio el fallo de la Corte al aseverar que son crímenes que “no prescriben”. “Este gobierno trata de ir cambiando las cosas, a través del negacionismo de Loperfido y Centurión, incluso minimiza los Derechos Humanos y hace de esto un problema numérico”, aseguró. También mencionó el caso de Miguel Etchecolatz, “represor culpable de la desaparición de Julio López”, a quien la Justicia le brinda prisión domiciliaria, “sin analizar que este hombre no esta arrepentido de nada y que los crímenes de lesa humanidad no caducan con el tiempo”.

La ex presidente Cristina Kirchner también cuestionó desde Twitter al fallo de la Corte Suprema “derechos humanos y terrorismo de Estado, para atrás, ¿viste que “el cambio” también puede ser volver al pasado?”, publicó.

El bloque del Frente Renovador y el del Movimiento Evita coincidieron al rechazar el fallo de la Corte Suprema. “Rechazamos el 2×1 en todos los casos y fundamentalmente en los de lesa humanidad. Es un mensaje pésimo para una sociedad que reclama mejor justicia y que los delincuentes de lesa humanidad cumplan su pena completa”, señalaron desde el espacio que lidera Sergio Massa. Para los integrantes del Frente Renovador, “el desafío de construir una democracia para todos los argentinos necesita que terminemos con la impunidad, defendiendo siempre las banderas de la Memoria, Verdad y Justicia”.

Por su parte, desde el Movimiento Evita, el diputado Nacional Remo Carlotto presentó un proyecto de resolución para declarar “el más enérgico repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró aplicable el beneficio del 2×1 para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad”. El proyecto explica que la computación doble a partir de los dos años de prisión no es compatible con los delitos de lesa humanidad y en sus argumentos describe que “la interpretación efectuada es una clara muestra de facilitar un beneficio a quienes perpetraron los más atroces crímenes en la última dictadura cívico militar”. Por último contextualiza: “Más es la indignación que causa en momentos en que se otorgó la prisión domiciliaria de Etchecolatz, aun cuando sigue preso por otras causas.”

El bloque de diputados del Frente para la Victoria aseguró hoy que el fallo es “un enorme retroceso en la lucha contra el terrorismo de Estado” y afecta “la imagen que el país había recuperado a nivel internacional en la defensa de los Derechos Humanos”.”Desde la restauración de la democracia, nuestra Argentina fue reconocida como ejemplo y elogiada por sus políticas consecuentes a favor del esclarecimiento de la etapa más oscura que vivió nuestra sociedad con el golpe cívico-militar del ’76.”

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DOSSIER. IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS (9 NOTAS 9): Un indulto encubierto para los exterminadores so pretexto de una reconciliación imposible / EL PÀJARO ROJO