Denuncia penal contra la “proposición” de un nuevo golpe de Estado / SUDESTADA

Organizaciones de derechos humanos denunciaron al presidente del Centro Militar, Carlos Silva, por instigación al delito, apología del crimen e incitación al odio

Para cerca de 20 organizaciones sociales y de defensa de los Derechos Humanos, el presidente del Centro Militar, el coronel reitrado Carlos Silva Valiente, cometió apología del delito e 

“instigación pública a delinquir” 

al formular una 

“proposición”

 de nuevo golpe de Estado porque, según el oficial retirado, en Uruguay 

“no se respeta la democracia”.

Por ello, estas organizaciones civiles patrocinadas por el abogado especializado en Derechos Humanos, Daoiz Uriarte, presentaron una denuncia penal contra quien fuera vocero y miembro activo de la Logia Tenientes de Artigas que será estudiada por la Fiscalía General de la Nación, a fin de decidir si inicia juicio contra el militar. 

En una 

entrevista realizada por el periodista César Bianchi en Montevideo Portal

, el presidente del Centro Militar formuló varias declaraciones que son calificadas como delictivas por las organizaciones denunciantes, entre las que se encuentra Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Crysol, el PIT CNT, Ovejas Negras, Cotidiano Mujer, el Observatorio Luz Ibarburu, Rebeldia Organizada, Reactiva Contenidos, Plenaria Memoria y Justicia y la Mesa Permanente contra la Impunidad, entre otras.

El corone retirado 

“cuestiona la existencia de la democracia en el Uruguay, negando la existencia de una dictadura, ni de un terrorismo de Estado, negando que Gregorio Álvarez haya sido un dictador, todo lo cual constituye una negación de un hecho objetivo de nuestra historia justificando la existencia de tales hechos y por tanto defendiendo la violación de la Constitución , delito previsto muy especialmente en nuestra Carta Magna en su artículo 330 (Atentado a la Constitución) y en el artículo 132 del nuestro Código Penal”

, alega la denuncia a la que accedió 

Sudestada

. 

“Pero además, señala particularmente la posibilidad de que los militares vuelvan a usurpar el poder en el caso de que la democracia sea afectada por una dictadura comunista, y también expresa que el Uruguay no vive en democracia, que no hay democracia en el Uruguay, lo cual constituye una forma de apología del golpe de Estado y de proposición a retomar dicha actitud por las Fuerzas Armadas”

, asevera la demanda.

En la entrevista de Montevideo Portal, el periodista recuerda que en otro momento le había preguntado a quien también fuera presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrés,

 “ante qué eventualidad podrían volver los militares a tomar el poder” 

y que aquel oficial retirado le respondió: 

“Ante una dictadura de izquierda”

. Al formularle la misma pregunta a Silva Valiente, éste contestó: 

“Lo mismo. Ante una dictadura, cuando no se respeta la democracia, como ahora”.

Las organizaciones civiles encuentran en estas declaraciones un llamado a atentar contra la Constitución: 

“Nos preguntamos, esta última afirmación no es una incitación clara y contundente a los militares a tomar el poder por un militar que aunque en retiro ostenta grado de coronel y es presidente del poderoso Centro Militar ¿?”. 

La denuncia argumenta que no se trata de un hecho de libre ejercicio de la libertad de expresión: 

“Esto podría considerarse una simple opinión por más extremista que pueda considerarse pero la misma, ubicada en el contexto actual, tanto en el tiempo como en el medio elegido demuestra claramente la intención de transmitir un mensaje, no una simple expresión de pensamiento”. 

Y basa esta interpretación en tres razones:

 “Hace las declaraciones en su condición con total conciencia y voluntad de ser el presidente del Centro Militar; expresa que los militares no dejan de serlo ni aún en el retiro; señala especialmente al periodista que ‘él sabe que sus dichos causarán revuelo, pero no le importa”.

De hecho el Centro Militar difundió la entrevista en su página de Facebook, donde quedó registrado el día y la hora en que promovió el contenido de los dichos de Silva Valiente. 

El artículo 147 del Código Penal establece que 

“el que instigare públicamente a cometer delitos, será castigado, por el solo hecho de la instigación, con pena de tres a veinticuatro meses de prisión”. Por otra parte, el artículo 148 indica la misma pena para “el que hiciere, públicamente, la apología de hechos calificados como delitos”.

En tanto, el artículo 29 de la ley 18.026 (Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad) señala que 

"el que hiciere, públicamente, la apología de hechos anteriores a la entrada en vigencia de la presente ley (2006), que hubieran calificado como crímenes o delitos de haber estado vigente la misma, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.

“No cabe la menor duda de que en el Uruguay ocurrieron hechos durante la dictadura que hoy estarían comprendidos en la ley tales como los homicidios, la tortura, la desaparición forzada de personas”

, subraya la demanda. Y alega que si bien se ha discutido 

“mucho”

 en doctrina y jurisprudencia respecto de si la ley 18.026 

“podía o no aplicarse ya que es posterior” 

a la dictadura, lo que 

“no se ha discutido es la existencia del terrorismo de Estado y de los crímenes señalados” 

por cuanto para las organizaciones de derechos humanos 

“el artículo 29 resulta de plena aplicación”.

Silva Valiente dijo en la entrevista: 

“Para mí no hubo una dictadura. Hubo un vacío de poder... fue culpa de los políticos que no supieron manejar la situación, se le fue de las manos, había un movimiento revolucionario y no lo pudieron manejar. Internacionalmente (Gregorio Álvarez) no es considerado un dictador, tuvo reconocimiento internacional. Cuando hay reconocimiento internacional es una valoración más que importante para un presidente”.

De acuerdo a la denuncia la 

“culpabilidad” 

del oficial retirado 

“es a título de dolo directo”,

porque su voluntad “

es la manifestación del pensamiento consistente en loar (no es necesaria la glorificación) un hecho con o sin narración del mismo o a su autor, con intento de propaganda o cuando menos para eliminar la repugnancia de los demás”,

 según la explicación del penalista Fernando Bayardo Bengoa (1923-1987), citando al jurista Vincenzo Manzini (1872-1957), autor del Tratado de Derecho Penal Italiano. 

“Como sea obviamente negar la existencia de la dictadura, del terrorismo, tortura y desapariciones delitos por los cuales han sido condenados muchos integrantes del proceso desde el ex presidente Bordaberry hasta Gregorio Álvarez es claramente justificar y negar sus delitos, despreciando la acción judicial y comparando un gobierno democrático con el ejercido espuriamente por Álvarez e instigar indirectamente a cometer el delito y violar o desobedecer las leyes”

, afirma la denuncia.