EL ÁRBOL Y EL BOSQUE. CUANDO EL PUEBLO PAGA. / Josè Rocca

El mito que los déficit del sector público y la magnitud de la deuda en Uruguay son consecuencia del gasto social es insostenible. Basta con mirar la composición de ingresos y gastos del Estado y recordar la historia económica de los últimos años.

Los gastos del sector público por pagos de intereses de deuda alcanzan al 3.4% del PBI con tendencia al incremento. Monto muy cercano al déficit fiscal que ronda el 3.9% según los últimos datos oficiales. Aproximadamente 2000 millones de dólares por año. En cierto modo los pagos por intereses de deuda son los padres del déficit.

La deuda pública se gestó fundamentalmente como consecuencia del apoyo del Estado al gran capital. Los costos del rescate a Bancos privados y empresas quebradas en las crisis de los ochenta y del segundo milenio recayeron sobre las finanzas del Estado.

Responsabilizar en abstracto a los déficit fiscales de la magnitud de la deuda pública y del costo de sus intereses implica desconocer u olvidar su origen y evolución.

Además el análisis global de la estructura fiscal del país demuestra que se fue diseñando a medida de los grandes inversores especialmente del exterior.

Tributos al consumo como el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto específico interno (IMESI) representan aproximadamente el 60% de los ingresos fiscales. En consecuencia los sectores que no tienencapacidad de ahorro como los asalariados son los que aportan un porcentaje mayor de sus ingresos al presupuesto.

El denominado impuesto a la renta de las personas físicas, que en realidad recae esencialmente sobre salarios y el IASS que pagan las pasividades complementan un menú absolutamente regresivo que caracteriza la recaudación del sector público en Uruguay.

La contrapartida la constituyen la profusión de zonas francas y exoneraciones de todo tipo al capital mediante declaraciones de interés nacional.

Por el lado de los gastos se destacan las transferencias a las AFAP y diversas organizaciones privadas de la más diversa índole. Los salarios apenas rondan el 15% de los egresos del gobierno central. Servicios de salud, vivienda, educación, transporte popular, son los grandes postergados.

El funcionamiento de los entes del Estado también sintoniza con el proyecto de país al servicio de grandes inversores. Algunos ejemplos son ilustrativos.

UTE subsidia a parques eólicos privados y plantas de celulosa comprando la energía a precios superiores a los vigentes en los mercados y favorece a grandes consumidores con tarifas especiales.

El Banco República ha otorgado créditos a empresas insolventes con escasas garantías. Los costos también recaen sobre el presupuesto.

Por si todo esto fuera poco, el daño ambiental que realizan mega emprendimientos como las fábricas de celulosa, recaen sobre los entes del Estado que como OSE deben utilizar recursos para limitar el grado de contaminación del agua.

Lo curioso es que unos cuantos de los más privilegiados y sus asesores son lo que más hablan de costo país. ¿Con el árbol querrán ocultar el bosque?

GOTITAS DE ECONOMIA.

• El monitor de empleo de la empresa ADVICE registra para el trimestre julio-setiembre de 2018 un descenso de la demanda laboral del 27.6% respecto al mismo período de 2017. La tasa de empleo del INE se ubicó en 56.8% mientras que un año atrás fue de 57.5%. Desciende el salario real. La crisis golpea a los trabajadores.
• Una empresa panameña que compró a Leadgate acciones de PLUNA S.A le inició juicio al Estado uruguayo. Privatizada parcialmente en los noventa con participación de Varig. Tras la quiebra de la empresa brasilera en 2006, el 75% de sus acciones pasaron a manos de la empresa Leadgate. El estado uruguayo con parte minoritaria garantizó el 100% de las compras de aviones de PLUNA SA. Problemas financieros condujeron al cierre en 2012 dejando deudas impagas. ¿A quién sirven las privatizaciones?
• Uruguay tiene firmado con Panamá un tratado de protección de inversiones, al que apela el grupo que ha comprado la acciones privadas de PLUNA para amenazar con el juicio. Los Tratados denominados de “última generación” dan para todo. Contra los pueblos por supuesto.
• El Banco Central europeo mantiene las tasas de interés en 0%. Los Bancos privados que compran LELIQ en Argentina cobran más de un 70% en pesos. En el presupuesto aprobado para 2019, el país vecino estima un dólar promedio de $ 40.1 De concretarse estas proyecciones estaría pagando cifras cercanas a 60% en dólares. Regalos del gobierno Macri a los banqueros. ¿En ese panorama financiero pueden funcionar actividades productivas?.
• Paulo Nunes Guedes a quien se menciona como futuro ministro de Economía en Brasil fue co fundador del Banco de inversiones BTG Pactual. Fiel alumno de la escuela de Chicago que promueve el máximo de impunidad para los mercaderes. El sector financiero continúa en el poder en Brasil. Promete más privatizaciones, reducción del gasto y reformas del sistema de pensiones. Su discurso económico no suena original
• Rodrigo de Rato y Figaredo banquero, ex Ministro de Economía del gobierno de Aznar en España y ex director del FMI fue condenado más de cuatro años de prisión en su país. Vinculado a los Panamá papers, empresas off shore para evadir impuestos, fue acusado de blanqueo de capitales, fraudes y “ainda mais”. Así suelen ser los consejeros de las políticas económicas de los países del sur.

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