Se remata país por Hoenir Sarthou / VOCES SEMANARIO

  

“Ninguna disposición del presente contrato impedirá que UPM venda, ceda, transfiera o disponga de algún modo, de su participación en el Proyecto UPM (o de alguna parte de él) sin el consentimiento de ROU.”.

La frase, obviamente, no la inventé yo. Es el texto de la cláusula 9.1 del “Contrato ROU-UPM”, por el que se establecen las condiciones e inversiones que Uruguay debe cumplir por anticipado, para que luego UPM decida si hará o no su inversión.

El significado de la cláusula 9.1 es contundente: UPM puede ceder todo o parte del contrato con Uruguay a otra empresa, aunque Uruguay no esté de acuerdo. Y ni siquiera otras cláusulas del mismo contrato, que definen que clase de personas o empresas serían “aceptables” como cesionarios, pueden limitar el derecho de UPM a transferir los beneficios y privilegios que el “contrato” le concede.

Cuando se dice que UPM puede vender, ceder, transferir o disponer “de su participación en el Proyecto UPM (o de alguna parte de él)”, eso significa todo, incluidas las exoneraciones tributarias, las zonas francas, sus privilegios en el ferrocarril, las condiciones por las que puede intervenir en la legislación laboral y en la educación. Puede venderlo junto o por separado, o quedarse con una parte y ceder el resto. Y Uruguay no puede hacer nada para evitarlo.

De modo que, si le conviene o se le antoja, UPM puede poner en oferta en el mercado mundial las concesiones que Uruguay le ha hecho. Al grado de que, por ejemplo, sin haber invertido un dólar, podría empezar a desguazar y a vender las ventajas que el Poder Ejecutivo le ha regalado.

A veces uno habla de globalización económica y de la destrucción de la soberanía que implica, y la cosa le suena lejana o compleja a mucha gente. Bueno, acá hay un ejemplo clarito.  Una empresa viene, ofrece pensar en la posibilidad de invertir, a cambio reclama el oro y el moro por anticipado, el Poder Ejecutivo, sin consultar al Parlamento ni a nadie, se los concede, y la Empresa, antes de invertir, se asegura el derecho de vender el oro y el moro (ya concedidos)  juntos o por separado.

¿Seguimos siendo una República?

Es difícil contestar. Cláusulas como esa, y la forma en que fueron aceptadas, en secreto y sin consultar a nadie, permiten dudar de que sigamos siéndolo.

Si seguimos adelante con ese “contrato”, será algo así como ponerle bandera de remate al País. Ni hablar si hacemos un par más de “contratos” de ese estilo.

Lo único bueno es que todavía estamos a tiempo de evitar el remate. Uruguay puede deshacer ese acuerdo sin tener que indemnizar a UPM ni a nadie.

No deberíamos esperar ni un día más para hacerlo. Porque, si UPM comunica su “Decisión Final de Inversión”, ya no podremos echarnos atrás sin pagar fortunas en indemnizaciones. Entonces, lo que hoy es un mal sueño se convertirá en una pesadilla.

Disculpen que este artículo sea más breve de lo acostumbrado. No tengo ganas de escribir ni de hablar mucho. Lo firmado por UPM y por el Poder Ejecutivo es mucho más claro que yo y dice casi todo lo que hay para decir en este tema.

Hay que dejar sin efecto ese inconstitucional y pésimo negocio.

El 10 de diciembre se lo haremos saber al Parlamento, mediante una denuncia ciudadana sobre la inconstitucionalidad del acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento.

Ahora hay que actuar.