SEGURIDAD SOCIAL Y MOTOSIERRAS / José Rocca

Están de moda las propuestas de reformas en la seguridad social. Elevar la edad jubilatoria, reducir derechos laborales, quitarle su esencia y transformarlas en seguros individuales, financiados por los trabajadores.

Los acreedores de deuda pública están nerviosos y sus propuestas se orientan a promover motosierras en todas las direcciones incluyendo la seguridad social. Las calificadoras de riesgo presionan en esa dirección en América latina.

Los argumentos van por el lado de la mayor esperanza promedio de vida y futuros costos financieros para el sector público. Generalmente olvidan los objetivos originales de los sistemas y no analizan consecuencias sobre los mercados laborales y funcionamiento económico.

El desarrollo de los sistemas de seguridad social se vincula con las carencias del capitalismo para satisfacer derechos humanos básicos, de toda la población, como lo son el empleo, acceso a servicios de salud, asistencia ante accidentes laborales, invalidez, vejez.

Si bien es cierta la tendencia al incremento del promedio de edad de vidaⁱ, también es notorio el fuerte aumento de la productividad del trabajo que permitiría reducir tiempos de trabajo aumentando la producción. Es decir no hay razones para que la mayor expectativa de vida se transforme en extensión de años de relaciones laborales.

En lo que se refiere a las proyecciones financieras sobre los gastos futuros del sistema y el costo para el sector público sus fundamentos suelen ser de extraordinaria vaguedad. Valga como ejemplo la siguiente frase de un reciente informe que pretende fundamentar las reformas en el caso uruguayo “algunas estimaciones disponibles sugieren un incremento del gasto en lo que resta del siglo de …”ⁱⁱ.

De todas maneras los eventuales costos para el Estado forman parte de la lógica de los sistemas y de las prioridades sociales.

En sus bases se promovió el aporte tripartito, estatal, patronal y de los trabajadores. En Uruguay se han ido reduciendo aportes patronales sustituidos por tributos al consumo. El argumento fue incrementar el empleo lo cual no se ha verificado.

Mejoras en los niveles de ocupación y salarios, unificación de sistemas e igualdad de aportes de empleadores y trabajadores equilibrarían cuentas públicas sin mayores dificultades, sin necesidad de elevar los períodos laborales ni disminuir prestaciones. Por el contrario.

De todas maneras el gobierno de las motosierras multicolores, aparece dispuesto a aceptar las sugerencias de los acreedores. La ley de urgente consideración habilitó el marco formal para la instrumentación de las reformas y la creación de ámbitos que permitan la participación y anuencia de por lo menos una parte del “progresismo”. La eliminación de las AFAPs, no forma parte de las propuestas pese a que una cuota de la recaudación es apropiada por el sistema financiero y hasta la OIT ha valorado negativamente estas experiencias en los países en que se ha aplicado.

Por otra parte no se vislumbran análisis consistentes sobre las consecuencias productivas del aumento de la edad jubilatoria. En particular es llamativo el silencio sobre los efectos de las reformas sobre los mercados de fuerza de trabajo. Parece notorio que las posibilidades de incorporación de jóvenes se reduciría dramáticamente elevando el desempleo juvenil y el rendimiento laboral esperado para personas de edad avanzado tendería a decaer.

El tema es más grave considerando la muy elevada desocupación actual y el esquema de la conducción económico de reponer solamente una de cada tres vacantes en el sector público reduciendo aún más la demanda de fuerza de trabajo en marcos de contracción de la economía y del consumo interno.

Curiosamente el discurso oficial señala que su prioridad es el empleo. Las medidas de política económica no indican lo mismo.

GOTITAS DE ECONOMÍA.

• • El INE registró un 10.7% de desocupados en junio 2020. Además dentro del 53.6% que la institución considera ocupados un 10.6% son ausentes de sus ámbitos laborales por diversas causas entre las que se destaca el seguro de paro.

• • En el mismo informe se revela que 78000 personas clasificadas como inactivos no buscaron trabajo, la semana previa a la encuesta, debido al riesgo de corona virus y 35000 dejaron de buscar por lo infructuoso del esfuerzo. ¿A cuanto asciende la desocupación efectiva?

• • La información oficial sobre el futuro presupuesto reafirman que los bolsillos de los trabajadores públicos y privados pagarán el costo de la crisis y la restauración de rentabilidades privadas. Los ajustes de salarios lejos de los aumentos de precios. Servicios de salud, educaciónⁱⁱⁱ, vivienda, transporte popular, continuarán postergados o en retroceso.

• • El gobierno argentino presentó al Congreso un proyecto de ley que impone a las personas con una riqueza declarada superior a los 2.5 millones de dólares un tributo especial con un alícuota base de 2%, que se incrementa según la magnitud del patrimonio. Se estima que se afectarían unas 12000 personas con las mayores riquezas.

• • Continúan incendios intencionales de floresta en Amazonia y en el norte argentino. Las informaciones vinculan los hechos con la extensión de fronteras agrícolas y ganaderas. Todo vale para la rentabilidad privada.

• • Datos de la Universidad norteamericana Jhon Hopkins sobre decesos atribuidos al Covid 19 en relación a la población en América latina muestran que Perú se encuentra en primer lugar con 83 cada 100.000 habitantes, luego Chile con 56, Brasil 53. Será que el neoliberalismo es perjudicial para la salud. Según la misma fuente los países con menor cantidad de muertes debidas a la pandemia en la región son Cuba y Venezuela con 0.8 por 100.000 habitantes.

i Un elemento importante sería disponer datos de esperanza de vida por sector social. El probable que en la clase trabajadora no sea tan relevante como el promedio.

iiPorque y para que reformar la seguridad social en Uruguay. Informe de CINVE firmado por el economista Gonzalo Zunino.

iiiDel 6% del PBI como mínimo ya ni se habla.