No. Yo no confío Por Enrique Ortega Salinas./ CARAS & CARETAS.
El presidente Luis Lacalle Pou está haciendo todo lo posible por mantener en secreto los pormenores de la compra de las vacunas contra la covid-19 y pretende liquidar las inquietudes generadas en la población con tres palabras: “Confíen en mí”.
Cuando el herrerismo hizo el negociado con Focoex por unos 100 millones de dólares, en los primeros años de los 90 y bajo la presidencia de Luis Alberto Lacalle, quedaron a la luz múltiples irregularidades; ahora que hablamos de una compra por 120 millones de dólares, más otros gastos conexos, lo último que deberíamos hacer los uruguayos es dejar de controlar con lupa el dinero de todos y dejar que el herrerismo y sus aliados dispongan de semejante fortuna a puertas cerradas.
Uruguay está (por ahora) considerado el país con mayor transparencia de América Latina y el Caribe; sin embargo, varios hechos de los últimos días nos generan alerta en torno a las negociaciones con los proveedores de vacunas.
-El gobierno pagará 120 millones de dólares por dos millones de dosis de vacunas de Pfizer y 1.750.000 de Sinovac, mientras que Costa Rica pagará 36 millones de dólares por 3 millones de la vacuna de Pfizer.
-Según autoridades de Argentina, cada dosis, tanto de la Pfizer como de la Sputnik V, tiene un costo que ronda los 10 dólares. Argentina comparará 3 millones de dosis a la Pfizer (que hay que partir a la mitad, ya que cada persona requiere de dos aplicaciones entre tres y cuatro semanas de distancia), 20 millones de la Sputnik y 23 millones y medio de dosis de AstraZeneca. Esta es la más barata; menos de 4 dólares. Argentina también adquirirá 4,5 millones de vacunas por medio del fondo Covax.
-Se estima que entre vacunas, acciones de mitigación ante los efectos de la pandemia, freezers y trasporte, Argentina gastará unos 350 millones de dólares. Ahora, según los datos demográficos de 2020, Argentina tiene 45.376.763 habitantes y Uruguay 3.449.299.
-Si Argentina tiene 13 veces más de población que Uruguay y gasta poco más del doble en vacunas, queda claro que nuestro gobierno no está negociando muy bien que digamos. Eso sin contar que Argentina ya está vacunando y nosotros seguimos como el enano de la Isla de la Fantasía, esperando el avión.
-El presidente argentino ofreció darnos una mano para adquirir las vacunas y solo recibió una respuesta ofensiva; se le dijo que no lo necesitábamos porque Luis es una persona mucho más prestigiosa que él. Bueno, el poco prestigioso Alberto Fernández ya está vacunado. El nuestro no.
-El rótulo de confidencialidad evita que los orientales sepamos cómo se distribuyen los 120 millones de dólares. No sabemos con qué criterios se eligieron estas industrias.
-El 22 de enero Luis Lacalle Pou comunicó por Twitter que había cerrado un acuerdo con Pfizer y Sinovac. Sin embargo, el representante de Sinovac manifestó que no había un acuerdo firmado. El director del Instituto Butantan de San Pablo, Brasil, supuesto intermediario entre la empresa asiática y el MSP uruguayo, negó dicho acuerdo. Luego se dijo otra cosa y otra más y todo quedó ahí.
-No sabemos si las empresas que nos venden las vacunas se harán cargo de los efectos adversos que pudieran ocasionar. Al parecer, nadie se hará responsable y esa es una de las razones de que las negociaciones sean secretas. La excusa es que tuvieron que sacar las vacunas a todo trapo.
-Falta información sobre el acuerdo con una empresa alemana (sin licitación) para mantener las vacunas de Pfizer a bajas temperaturas. Tampoco sabemos con qué empresas se han celebrado acuerdos para el suministro de infraestructura, almacenamiento y distribución.
-Representantes de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) fueron al Palacio Legislativo el 27 de enero para exigir transparencia a la Comisión de Salud del Senado; pero su presidente, el senador Guido Manini Ríos, se negó a recibirlos. Recién lo haría el 10 de febrero. Es obvio que el general está ganando tiempo, porque las aguas están demasiado turbias y ni él ni el gobierno tienen respuestas claras, y las que hay mejor no darlas.
Mientras todo esto se resuelve en las sombras y los contratos no se muestran, el gobierno continúa recortando gastos donde no debería.
Por un lado, el MTOP paralizó las obras del ex Muelle del Anglo, en Río Negro, a seis meses de haber iniciado las obras. Estas instalaciones (que habían pertenecido al frigorífico Anglo) fueron declaradas patrimonio de la humanidad en 2015 por la Unesco y se denominaron Paisaje Industrial de Fray Bentos. En 2019, Uruguay envió a la Unesco un proyecto de restauración. La paralización no solo nos deja en falta con esta organización, sino con la empresa a la que se adjudicó la obra; a la vez que esta tarea de restauración y conservación de un patrimonio mundial implicaba el futuro arribo de cruceros fluviales y trabajo para muchísimas personas. Paralizar la obra pública es aumentar el desempleo en medio de una situación crítica.
Por su parte, el Ministerio de Economía continúa reteniendo las partidas de efectivo destinadas a pagar los avances de obra a las cooperativas de viviendas por ayuda mutua. Desde el mes de octubre retrasa los pagos y ocasiona múltiples perjuicios a las cooperativas: envío de trabajadores al seguro de desempleo, atrasos con los proveedores e incumplimiento del cronograma de entrega de viviendas.
En el marco de este apriete, el gobierno modificó el criterio para la fijación de las Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), lo que repercute en las franjas del IRPF, a la vez que aumentó las tarifas públicas (dos veces en menos de un año) en plena pandemia y pisoteando sus promesas electorales.
Nueva marcha atrás; y van…
El MEF y la DGI habían decidido eliminar el descuento del Imesi en la venta de nafta que hacen las estaciones de servicio en la frontera con Argentina; pero una vez más, tras ver el revuelo que esto provocó, el gobierno dio marcha atrás. También fue retirada una decisión del MTOP sobre el aforo en los ómnibus interdepartamentales. El retorno al 100% del aforo fue desautorizado y quedó en 50%. También se había dado marcha atrás con los peajes sobre el anillo perimetral.
Es tal el nivel de improvisación y desorden de los multicolores que jamás vimos tantas medidas aprobadas y anuladas en un solo año.
Amici
Lacalle no sabe cómo hacer para beneficiar a sus amigos empresarios y coloca el interés económico por encima de la salud. Al proyecto de eliminar la tolerancia cero en los niveles de alcohol en la sangre de los conductores ha sumado un decreto por el cual se eleva la cantidad de sodio, azúcar y grasas permitidas en el etiquetado de alimentos. Los más perjudicados serán, sin dudas, los niños; pero entre estos y los poderosos, no hay dudas sobre dónde están las preferencias del presidente.
El ajuste salarial para los funcionarios de la Administración Pública hará que se les quite un 5% de salario real en el primer año. El gobierno busca con ello ahorrar 200 millones de dólares por año.
Cuando Luis Lacalle Pou era candidato presidencial, prometió no bajar el salario real y no subir las tarifas de los servicios públicos. Un hombre vale lo que su palabra.
Lo que no se eleva es el nivel de ética. Ya son difíciles de contar los casos de conjunción entre el interés público y el privado. El director del BROU, Pablo Sitjar, es vicepresidente de una empresa (Vidaplan SA) que demanda al Estado por 50 millones de dólares. El representante de Cabildo Abierto también dirige otra empresa (THS Accounting Services SA) que está embargada desde 2018 por una deuda con la DGI.
En Durazno, la Intendencia adjudicó a la fundación A Ganar “el gerenciamiento de recursos humanos para áreas sociales, culturales y/o deportivas, entre otras”. El llamado a los interesados llama la atención porque tiene la misma redacción que el realizado en Paysandú, donde se tercerizaron ocho centros CAIF y el hogar Siempre. La única oferente fue esta fundación cuyo nombre ya delata su inclinación política; más si alguna duda queda, la fundación está presidida por Malena Secco de De Posadas, esposa de Ignacio De Posadas, exministro de Economía por el Partido Nacional entre 1992 y 1995. Su director es el blanco Alejandro Rico.
El proceso licitatorio en Paysandú duró 7 días, del 23 al 30 de diciembre de 2020. Como que estaban apurados por cerrar el acuerdo…
En Durazno, dirigentes del Frente Amplio denunciaron que desde la Presidencia se aplicó un “verticalazo” a Marcelo Vidalín para que contratara a esta fundación.
Mientras tanto, el gobierno mira para otro lado cuando sus aliados se quitan la máscara.
Un Solo Uruguay continúa exigiendo beneficios para sus miembros; pero se opone a la renta básica; o sea, “ayúdenos a nosotros y a los demás que los parta un rayo”.
El periódico militar y ultraderechista Nación (defensor de la dictadura) acusó a varios gobiernos, entre ellos al uruguayo, de ser demasiado tibios al combatir a la izquierda. Añoran los tiempos en que podían secuestrar, torturar y asesinar a quienes pensaban distinto.
El estafador y pastor (disculpen la redundancia) Jorge Márquez alarmó a la sociedad democrática al convocar a jóvenes para integrar el ejército de Dios. La convocatoria no dejaba lugar a dudas sobre a qué límites llegar para enfrentar a la izquierda.
Beraca busca jóvenes adictos y les cambia una droga por otra peor: el fanatismo político religioso. Una legión de jóvenes con el cerebro bien lavado ayuda al pastor a enriquecerse y aumentar su poder. De él depende su yerno, el diputado del Partido Nacional Álvaro Dastugue.
Así que, considerando los antecedentes del herrerismo en el manejo de los dineros públicos, más los socios políticos que le rodean, más la incapacidad manifiesta para gobernar y las cosas cada vez más turbias que vemos cada día, mil disculpas, presidente, pero yo no confío.
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